Identifican falta de acciones estatales para controlar y reducir uso del mercurio

En el país no existen las condiciones materiales, técnicas ni económicas para proteger la salud humana y el medio ambiente sano de las emisiones antropogénicas de mercurio producidas, principalmente, por la actividad minera aurífera, cuya importación ha crecido de manera sostenida y exponencial, a pesar de ser un metal altamente tóxico, según la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
«Hemos visto como defensores de derechos humanos que la afectación ya es tangible y evidente, más allá que todavía faltan información e informes técnicos, que no han sido desarrollados por las entidades estatales. Consideramos que la actividad minera, posiblemente, no vaya a cesar; pero tiene que ser amistosa con los derechos humanos, de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra», enfatizó Cruz.
Esa es una de las conclusiones del informe defensorial «Estado de Implementación y Cumplimiento del Convenio de Minamata sobre el Mercurio 2017-2022», que fue presentado ayer por la Defensora.
«El mercurio liberado por las mineras auríferas es un riesgo para la salud cuando ingresa en el organismo de peces, que son consumidos por pueblos indígenas, como los Esse Ejja, Leco, Tacana y Pacahuara, y que afecta el medio ambiente», indicó la autoridad.
Añadió que el pueblo Esse Ejja corre el riesgo de extinción física y cultural debido a la contaminación con mercurio de su territorio y sus recursos piscícolas.
De acuerdo a un estudio de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN por sus siglas en inglés) y el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad (BRI por sus siglas en inglés), apoyado por el colectivo Reacción Climática de Bolivia, existen altos niveles de mercurio en los organismos de estos habitantes.
La investigación defensorial abarcó los municipios Guanay, Sorata, Tipuani, Mapiri, Teoponte, Caranavi, Apolo, Palos Blancos, Ixiamas, San Buenaventura, Rurrenabaque, Reyes, Riberalta, Guayaramerín, San Lorenzo, Puerto Gonzalo Moreno, San Pedro, Nueva Esperanza y Villa Nueva de los departamentos de La Paz, Beni y Pando, donde se registra una intensa actividad minera aurífera.
Actualmente, dijo Cruz, la minería es uno de los rubros económicos más importantes en Bolivia y la minería del oro ha tenido un crecimiento acelerado, tanto que para la gestión 2020, el valor del oro exportado superó al del gas natural.
En ese rubro, el sector cooperativista encabeza la producción, pues para el año 2020, existían alrededor de 2.077 cooperativas mineras, el 70 % de las cuales estaba dedicada a la minería aurífera. A raíz del crecimiento del sector aurífero, también se han incrementado los niveles de importación del mercurio, y, entre 2015 y 2019, el promedio anual de mercurio importado fue de 198 toneladas.
La Defensora señaló que la investigación defensorial identificó la falta de un plan nacional de reducción de uso de mercurio con carácter integral, que incluya acciones concretas para la limitación y control del uso de este metal en actividades mineras auríferas o cualquier otra de tipo industrial, como establece el Convenio de Minamata.
Ese plan debe señalar, además, las consecuencias de la exposición al mercurio, la sintomatología, tratamiento y mecanismos de prevención de daños a la salud, además de registro de comercializadores y control de los volúmenes de venta interna.
«Por otro lado, existe una resistencia del sector cooperativista a las regulaciones del mercurio, que son necesarias para evitar la vulneración de derechos humanos de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra», observó Cruz, quien acotó que la vulneración de derechos por la exposición al mercurio liberado por la minería tiene relación directa con la reducida inversión destinada la concentración o beneficio del oro.
Dijo que otra de las conclusiones del informe señala que el cumplimiento del Convenio de Minamata está sujeto a que se brinden las condiciones jurídicas, técnicas, operativas, económicas y materiales a las Entidades Territoriales Autónomas municipales y departamentales.
El informe contiene recomendaciones a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los Ministerios de Medio Ambiente y Agua, Presidencia, Economía y Finanzas Públicas, Planificación del Desarrollo, Desarrollo Productivo y Economía Plural, Minería y Metalurgia, Salud, Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y Trabajo, Empleo y Previsión Social; asimismo, a los gobiernos autónomos departamentales de La Paz y Beni y a los gobiernos autónomos municipales de San Buenaventura, Puerto Gonzalo Moreno, Mapiri, Teoponte, Caranavi, Apolo, Rurrenabaque, Reyes, Riberalta, Guayaramerín, San Lorenzo, Puerto Gonzalo Moreno, San Pedro y Nueva Esperanza, para que establezcan acciones para cumplir con el Convenio de Minamata.