Fantasías utópicas y burocracia agraria

Como reacción tardía, el gobierno ha lanzado una campaña de iniciativas y decretos para contrarrestar la crisis agropecuaria que enfrenta el país, así como responder a campañas de prensa, en particular de EL DIARIO. Esa crisis alimentaria ha determinado que los consumidores nacionales ya no conozcan lo que son los productos nativos y, al mismo tiempo, que los mercados de venta de alimentos se vean sobre abastecidos de artículos baratos de origen extranjero y del contrabando, considerando que, de no existir, la población boliviana estaría en una etapa de hambruna.
No solo se trata de medidas económicas, sino también discriminatorias y racistas, destinadas a beneficiar única y exclusivamente a la burguesía soyera y vacuna.
Esa pérdida de la soberanía alimentaria proviene de la política agraria que puso en aplicación el gobierno de Evo Morales al asumir el poder hace casi veinte años, la misma que consistió en dictar disposiciones legales antidemocráticas y contra los indígenas del país, como la Constitución Política vigente, la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria y una a serie de medidas populistas. Y, ahora, disposiciones burocráticas absurdas que, en vez de resolver el problema agrario nacional, lo agravan, al extremo de que no hay quién cultive los campos, pues miles de hectáreas cultivables quedaron abandonadas a las inclemencias del tiempo, para convertirse en arenales o para cultivar coca.
Ejemplos de esa política antinacional son la Ley del Arancel Cero para importar maquinaria para la agricultura y otros, el Decreto Supremo 4.701 que crea la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria, otro elefante blanco, o los proyectos para industrializar las chirimoyas y las cebollas, así como el establecimiento de una agricultura colectivista, que iguale a los fracasados “koljoses” comunistas que fueron un fracaso absoluto y causaron el derrumbe del socialismo durante el régimen soviético, y otros no menos fantasiosos, fruto de la ignorancia supina de la realidad, la historia y la economía agraria del país. A esos aspectos se debe agregar las políticas de oídos sordos de los gobiernos ante las reclamaciones de la prensa, y la falta de idoneidad de los funcionarios.
No solo se trató de medidas económicas aisladas, sino también disposiciones racistas y discriminatorias contra los indígenas, destinadas a fortalecer la burguesía soyera y ganadera del oriente y condenar a muerte a la agricultura indígena del altiplano y los valles, todo con el falso título de “gobierno indígena” y “gobernar” en nombre de los indígenas.
La nueva burocracia populista lo único que hará será derrochar un presupuesto inicial de 40 millones de bolivianos, sin contar cartas y espadas, en vez de dictar medidas para hacer cultivar las 500 mil hectáreas de tierras arables hoy abandonadas en el altiplano, valles y yungas.