La Fiscalía Departamental de La Paz afina los alegatos finales que expondrán en la prosecución del juicio oral previsto para el próximo 6 de junio, por el caso denominado golpe de Estado II, donde la expresidenta Jeanine Añez y exjefes militares están acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó ayer que aún no fueron notificados con la prosecución del juicio empero los fiscales a cargo preparan los alegatos
“Estamos preparando los alegatos y esperamos que hasta el día sábado los tengamos ya preparados. (Las pruebas) que hemos presentado en la acusación, no nos han retirado ningún tipo de prueba a excepción de las testificales y vamos a pedir que sean consideradas”, preisó Alave.
El martes, el abogado Javier Peñaloza que patrocina al excomandante del Ejército, general Pastor Mendieta, acusado por los delitos de incumplimiento d deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, manifestó que la Fiscalía no presentó una sola prueba que demuestre que su cliente es culpable.
“Por el tema de incumplimiento de deberes no se ha presentado ninguna prueba y ningún tipo de resolución que diga que el general Mendieta ha emitido una resolución, la misma que ha causado daño económico al Estado, porque uno de los elementos constitutivos de los tipos penales es el daño económico, acá no se ha probado daño económico”, aclaró.
En criterio del general en servicio pasivo del Ejército, Tomás Peña y Lillo, los militares debieron ser procesados en la justicia militar y no en la civil porque el Ministerio Público no tiene forma de probar que los uniformados hayan incumplido deberes porque los fiscales, con sus declaraciones públicas, demostraron que no conocen si quiera la diferencia entre el Alto Mando Militar y el Mando Militar, además no saben cómo funciona y quiénes lo componen
Respecto a la emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, Peña y Lillo recordó que no está en las funciones de los militares emitir ningún tipo de resoluciones que no sean militares, extremo que no está cuestionado en el caso denominado golpe de Estado II.
El juicio se encuentra en la etapa final, puesto que sólo faltan los alegatos finales y la sentencia.