Reprochando la postura asumida por medios estatales que dieron por hecha una posible sentencia en el proceso contra de la expresidenta del Estado, Jeanine Añez Chávez, políticos y asambleístas pidieron respetar el derecho de la exmandataria a la posibilidad de apelar una determinación desfavorable como señalan normas vigentes.
Desde redes sociales, el expresidente Jorge Quiroga, exigió al Tribunal Constitucional garantizar el derecho de Añez a una apelación, como se establece en normas vigentes y en convenciones internacionales suscritas por el Estado boliviano.
“Linchamiento a Jeanine Añez: detenida 15 meses, sin juicio de responsabilidades, le desdoblan acusación con tipificaciones abrogadas, y le niegan defensa en proceso ‘express’. El TCP debe respetar su derecho a apelación, garantizado por Convención de la Organización de Estados Americanos y la Constitución”, expresó.
De esta forma, Quiroga pidió que organizamos internacionales e instancias especialistas en derecho se pronuncien sobre esta posibilidad de la misma forma en que se observaron otros aspectos del irregular proceso contra la exmandataria.
“Emplazamos a la CIDH y al Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, a pronunciarse sobre esta apelación. Ambos criticaron detención preventiva y tipificaciones ambiguas. Si hoy sicarios azules proceden, estarán además negando derecho a doble instancia (queja) de Añez ante el TCP”, sostuvo Quiroga.
Al respecto, el diputado por CC, José Manuel Ormachea, cuestionó que medios estatales den por hecho y anuncien una sentencia para la exmandataria, pasando por alto aspectos jurídicos a los que tienen derecho todos los ciudadanos bolivianos.
“No se toma en consideración que es un caso absolutamente inventado, tanto el de Golpe I como el del Golpe II, hay que recordárselo a las autoridades. Ni siquiera consideran aspectos jurídicos tan esenciales como el recurso de casación y apelación al que tienen derecho todos los ciudadanos”, indicó recordando que, desde el principio, cualquier proceso contra la exmandataria debía ser tratado en un juicio de responsabilidades y no en la vía ordinaria.