Para las 10:30 horas de hoy está prevista la audiencia donde el Juzgado Tercero Anticorrupción resolverá el incidente de nulidad planteado por Max Mendoza contra la imputación formal por los presuntos delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica.
“La imputación formal Nº 09/22, de 21 de mayo de 2022, lesiona mi derecho a la defensa, porque no toma en cuenta mi defensa material, la cual no puede ser soslayada en el modo como lo ha consumado el fiscal que firma la imputación formal”, se lee en el memorial del incidente de nulidad presentado por Mendoza.
Un segundo motivo expuesto por Mendoza es que “La Ley para el Fortalecimiento Para la Lucha Contra la Corrupción, de fecha 27 de agosto de 2021, creó el tipo penal de usurpación de funciones, que es uno de los delitos que se me atribuye a un hecho que se identifica como cometido el año 2018. De tal modo que no es posible aplicarlo a hechos ocurridos antes de su puesta en vigencia. Esta misma ley en su disposición final expresa: “En el marco del artículo 123 de la Constitución Política del Estado, la o el fiscal, la jueza o el juez, o tribunal, deberán aplicar el principio retroactividad en todo lo que beneficie al imputado”. De tal modo que en ningún hecho que haya ocurrido antes de la publicación de la indicada ley, puede ser la base de la sindicación penal en una imputación formal”.
Por otro lado, el abogado y docente universitario, Víctor Hugo Chávez, lamentó que el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) no se haya constituido en querellante conforme manda el Art. 14 de la Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.
“Solo se apersonó en calidad de víctima. De la revisión del portafolio plataforma digital del Ministerio Público, Max Mendoza no tiene querella en su contra, puesto que la única entidad que debe formular la querella es el CEUB”, dijo Chávez en contacto con EL DIARIO.
DATOS
En mayo pasado, el Juzgado 2do de Instrucción en lo Penal del Tribunal de Justicia de La Paz dispuso la detención del exejecutivo de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), Max Mendoza por los riesgos de fuga y de obstaculización, porque no acreditó familia ni domicilio.
La comisión de fiscales que indaga el caso imputó a Mendoza por conducta antieconómica, ya que percibió un salario de 21.870 bolivianos desde el 24 de mayo de 2018 hasta el 18 de mayo de 2022.
Además, realizó 31 viajes por los que recibió viáticos. También, por la suscripción de un contrato con una agencia de viajes por 800 mil bolivianos. Se estima un daño económico de 1,5 millones de bolivianos.