Bolivia de nuevo país minero

En su origen, Bolivia fue país de gran desarrollo agrario e inclusive Cochabamba se convirtió en el “granero del Perú” y, más tarde, durante el gobierno de Andrés de Santa Cruz, fue una potencia económica de carácter continental, reconocida mundialmente. Empero, políticas coloniales y feudales hicieron dar un viraje a ese régimen económico progresista y lo desviaron hacia un sistema que hizo de Bolivia un país minero en decadencia sostenida.
Esa política equivocada intentó ser rectificada a mediados del siglo pasado para retornar al sistema inicial de prosperidad, pero una contrarrevolución populista volvió a poner al país en el sendero erróneo. En breve definición, de una economía agraria-democrática, se retrocede a una economía minero-colonial.
Al presente, el desarrollo económico del país ha ingresado a un sistema minero colonial, considerado como fracasado en la práctica y, de nuevo, va abandonando el régimen agrio democrático, para convertirse en país minero-extractivista.
En efecto, en sustitución del sistema que procuraba restaurar la economía agraria democrática, ahora la dirección política del país es dirigida a la condición de economía minera de orientación colonial. Se trata de un viraje de 180 grados del rumbo histórico con objetivos y resultados ya conocidos, fenómeno objetivo que se observa en los hechos.
Durante los últimos veinte años, Bolivia se convirtió en próspero país gasífero, pero, al parecer, esa época está llegando a su fin, ya que el principal yacimiento de gas se encuentra en agotamiento y no existen, en cambio, otras reservas para sustituirlo.
Entonces, el gobierno plurinacional en vista que no puede reactivar la economía agraria ni la gasífera y no adopta una economía industrial responsable, ahora ha dirigido su mirada hacia la minería extractiva, cuyos productos son exportados como materia prima cruda, para su industrialización en países neo-imperialistas, política que conduce irremediablemente al país a la condición de colonia más intensamente explotada.
Es ostensible ese cambio de dirección. En primer término, por el abandono de la agricultura democrática y el final de la época del gas, y la particular atención y fomento a la economía minera-colonial, lo cual se puede observar en el fomento sostenido a la producción primaria de metales y minerales, que sería incontenible.
Se tiene, por ejemplo, el impulso a la producción de estaño en fuentes estatales como privadas. Lo mismo ocurre con la producción de zinc y la perspectiva del cobre y minerales raros. Ese fomento se origina en la necesidad del Estado Plurinacional de sostener su “modelo económico”, que ya no tiene la financiación de los tiempos de vacas gordas.
Por otro lado, también se aplica una política de impulsar el crecimiento de la producción y exportación de litio, en calidad de materia prima para su industrialización allende los mares. Ese interés está dirigido a obtener ingreso de divisas para el Estado, en vista de que el precio de ese halógeno ha subido de precio, considerando que en el año 2016 costaba 8.369 dólares la tonelada y ha llegado a 28.218 dólares esa unidad de peso, aunque todavía los volúmenes exportables son bajos.
Por otro lado, se fomenta, directa o indirectamente, la producción de oro por parte de cooperativas, reales o fantasmas, en el Oriente. Es decir, la explotación y exportación, legal o ilegal, del metal precioso. Cosa parecida ocurre con la producción de zinc.
Pero el dato que muestra la tendencia histórica boliviana a convertirse en país minero es el referido a la exportación de hierro de Mutún que alcanzó récords de exportación. En efecto, en los tres primeros meses de este año, el Estado ha exportado a Argentina, Brasil y Paraguay una cantidad que se equipara a todo lo vendido el año anterior, dato que deja ver los índices del futuro minero del país.