Émile Zola, en 1898, publicó su “Yo acuso”, una carta pública dirigida al presidente de la República Francesa, dentro del Caso Dreyfus que desnudó las falacias de las acusaciones contra un ciudadano de origen judío, considerada por los historiadores como un juicio antisemita, que conmocionó a la patria de Voltaire en el Siglo XIX.
Las acusaciones por un inexistente golpe de Estado contra la expresidenta constitucional boliviana, Jeanine Añez, representan un quiebre en la historia de los juicios contra los exmandatarios de Estado de América Latina. En efecto, este quiebre es manifiesto en el grado de cinismo institucional con el que actúa la parte acusadora, y en las imputaciones irreales y propias de una inspiración fantástica y anodina, por decir lo menos.
No es necesario ser perito en derecho para darse cuenta de lo sucedido. ¿Cómo hablar de golpe de Estado, si el sucesor es el actual presidente elegido por las urnas, durante la administración de Jeanine Añez? ¿Cómo hablar de golpe de Estado, si ninguna Constitución deja vía libre a un vacío de poder y, por el contrario, se constituye en armazón para la sucesión constitucional frente a la renuncia de los gobernantes?
Lamento decir que la gestión de Jeanine Añez me decepcionó por razones ajenas a este artículo; no obstante, faltan palabras para expresar la conmoción y la indignación con la que ciertos hombres de corbata y terno, tuercen la verdad histórica.
Los juicios en su conjunto –por lo visto y lo dicho hasta ahora– bien podrían llamarse El Caso Jeanine Añez, porque en ellos se evidencia la alevosía y temeridad con la que agentes de represión actúan en contra de la exmandataria de Estado.
Conditio sine qua non para que exista una sentencia condenatoria luego de la ya elucubrada fase de alegatos a la que increíblemente ha llegado la causa penal, sería que exista una verdad material y un respeto irrestricto a los derechos humanos y fundamentales. Ninguna de estas condiciones se ha cumplido.
Como el Caso Dreyfus, el de Jeanine Áñez, es una de las más espantosas pantomimas dentro de la vida jurisprudencial boliviana. Una auténtica vergüenza, sin mayores adjetivaciones.
Tristemente, no es la primera vez que la razón de Estado en Bolivia tiende a inventar juicios y procesos penales políticos e ilegales contra personas. Sobre esto último hay mucha tela que cortar.
El autor es abogado y escritor.