Respondiendo a la pregunta esencial de ¿qué espera la sociedad de las universidades?, desde el punto de vista principista la respuesta es: “la Universidad debe ser la conciencia crítica y lúcida de la sociedad”, pero no faltan quienes obliteran el principio, pretendiendo una universidad “comprometida”, si esto es ilegítimo, resultan en extremo radicales los grupos que buscan la universidad “militante”, para convertirla en cuartel general de una insurrección de finalidades tiránicas. Se invoca el extravío a título de libertad de pensamiento y de expresión. Más bien las aulas deben ser espacio de confrontación y debate de ideas, sin desbaratar su finalidad formativa y académica. El país y sus universidades han conocido estas posiciones y han rendido su tributo con el sacrificio de vidas en ensayos guerrilleros y otros hechos luctuosos.
Transcurrido el tiempo, estas casas formativas desvirtúan notablemente su alta misión y feudalizan facultades, carreras e institutos, irrumpiendo la corrupción, su compañera inseparable, aunque pudiese haber ínsulas todavía a flote. Si los grados de corrupción ascendían lentamente antes del gobierno del MAS, este advenimiento las lleva al clímax. Son 15 años en que el vil metal corrompe conciencias y se ceba en el estamento estudiantil universitario, instrumentando en su beneficio un cogobierno pervertido. Al mismo tiempo, en gran medida, el nivel directivo y docente es cooptado con prebendas internas y extra universitarias de perpetuación. Si de saber y ciencia se trata, “renovarse es vivir”. Enorme distancia hay entre el ejercicio del cogobierno de los años 60 del Siglo XX, donde se hacía culto de correcta y respetuosa administración paritaria. La Reforma paradigmática de Córdoba de 1918, jamás impuso la paridad del 50%. El 30% de participación estudiantil antes de la intervención de los años 50 (Siglo XX) era la correcta. Es irracional que “de igual a igual” los estudiantes intervengan en los exámenes de competencia y de admisión docente o con el mismo talante voces prematuras fijen los pensum de materias o las reformas académicas. Por ese camino las universidades se acercan a la implosión.
El aquelarre de tres quinquenios de gobierno echó mano del IDH (Hidrocarburos) a fin de propagar la corruptela. Del torrente de dinero, a las FUL(es) les llueve una panacea del 10% de esa asignación a las universidades. Son responsables los decretos supremos 971 y 1.322. El primero de éstos otorga el 5% a “infraestructura de guarderías, deportes, actos sociales”, etc. El segundo dispone otro 5% para compromisos o eventos universitarios “en el país o el exterior”. El DS 971 supone que cada FUL puede licitar obras como si fuese una entidad descentralizada cualquiera, careciendo de personalidad jurídica, autonomía de gestión, etc. Al no tenerlos, malversan los recursos repartiendo dádivas a los directivos de los Centros de Facultades y avalando o apadrinando a los representantes a la FUL. En síntesis, el comercio corrupto del “toma y daca”. Estos representantes estudiantiles –para percibir su parte –olvidan y callan– no exigen el cumplimiento de los períodos de renovación de sus organismos y menos la edad de los cabecillas o si se trata de estudiantes regulares y otros.
El DS 1.322 recurre a un pretexto irrisorio e inclusive risible de presuntas actividades de relacionamiento interuniversitario. El millonario 5% destinado financia viajes de turismo por el mundo, como los de Max Mendoza, individuo apañado y estipendiado dualmente por el CEUB. Este y muchos más casos son algunos de los parámetros vergonzantes que ubican al país como subcampeón internacional de la corrupción y piedra de toque de escándalo ante nuestros vecinos. Los dirigentes universitarios que han hecho historia jamás recibieron paga alguna y administraron escrupulosamente los estrechos presupuestos en las Federaciones y en la CUB.
Es parte del encubrimiento que los HH. Consejos Universitarios no determinen en sus Estatutos y Reglamentos –que se presume los tengan– el tiempo máximo del estudiante de Carrera (en lo internacional ronda los siete años), ni el mínimo de materias vencidas y otros requisitos necesarios para acceder a becas, comedor, seguro de salud, etc. Las becas ahora distribuidas por la FUL sin calificación alguna y según simpatías o apoyos es una cesión impropia que merma una de las funciones competentes de las autoridades académicas, pero es parte de los acuerdos recíprocos contra natura.
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