Ha concluido una etapa de uno de los procesos judiciales contra la ex presidente Jeanine Añez Chávez, por un supuesto y falso “golpe de estado” inventado por el populismo-masista para pretender demostrar judicialmente que hubo tal invento. Para esta finalidad canallesca, el régimen movió los jueces y fiscales a su servicio en un rápido proceso en el que los jueces (?) Germán Ramos, Marco Antonio Vargas y Liz Avilés, sentenciaron a la ex presidente a diez años de presidio. Lo grave de este asunto es que es uno más de los atropellos y abusos de poder del régimen afiliado a las dictaduras más atroces de Latinoamérica.
El 65.2% de ciudadanos consultados por empresas encuestadoras contestó que no hubo golpe, un 61.8% dijo que sí hubo fraude y un 59% que no se respeta los Derechos Humanos de la ex presidente (Encuestadora “Cultura Interactiva”). Lo que importa que la mayoría de la opinión pública rechaza la teoría del “golpe de Estado” y afirma que sí hubo fraude. Es que esa mayoría –seguramente algunos millones de compatriotas– es la que se echó a las calles en protesta por el grosero fraude electoral de octubre de 2019, que determinó a Evo Morales y su gobierno a renunciar y huir, o buscar asilo en la embajada de México, puesta a tal servicio.
En alegato personal, la señora Añez Chávez expresó: “Yo dejo un legado para mis hijos, dejo un legado de compromiso con mi país, porque Bolivia entera sabe que soy inocente (…) asumí la presidencia por compromiso de acuerdo con lo establecido en la Constitución siguiendo los pasos y respetando todo lo que dice la Constitución (…) ustedes van a dejar un legado de ignominia, de abuso, un legado de persecución política (EL DIARIO 11.06.2022)”. Palabras cabales de una víctima más del uso y abuso del poder, utilizando a un “podrido” Órgano Judicial, sentencia censurada por toda la mayoría de la población boliviana y la opinión de más de dos decenas de ex presidentes de gobiernos americanos y otros organismos internacionales.
Vivimos en el país un tiempo de crisis de valores, de ética política y ciudadana, y de los casuales juzgadores, que carecen de un mínimo de respeto a sí mismos y a la dignidad que debe tener un juzgador, pues se supone que al haber sido nombrados como jueces –por supuesto con aval partidario– juraron ajustar sus actos a la ley y solo a la ley y de ninguna manera ponerse al servicio del poder político coyuntural.
El mismo dirigente de los cocaleros del Chapare Cochabambino y ex presidente de la República y del Estado por tres períodos consecutivos, aunque la Constitución solo prevé dos, Evo Morales en declaraciones a los medios, reconoció que fueron el presidente, vicepresidente en actual ejercicio y su persona que determinaron enjuiciar por la vía ordinaria a la ex presidente Jeanine Añez y no así, como corresponde, a un juicio de responsabilidades. Reconocimiento que los juicios y sus sentencias se determinan en el poder político.
Hemos escrito en otra nota lo que es un “golpe de Estado”, basándonos en lo que dice la Ciencia Política, y prueba de ellos es que la señora Añez no tenía programa de gobierno, ni equipo ministerial y tuvo que echar mano de sus colegas parlamentarios para hacer gobierno. El golpe de Estado responde a un proceso de organización, en el que interviene un grupo de personas que preparan el mismo en sus aspectos de toma misma del poder por la fuerza, programa de gobierno y elemento humano que ha ocupar las principales funciones del aparato del Estado y, en especial, contactos con el exterior para el pronto reconocimiento.
Nada de esto ocurrió, la señora Añez estaba en su casa en el Beni, muy alejada de la sede de gobierno –se supone que la cabeza de un golpe de Estado, debe estar por lo menos en el lugar de los acontecimientos– y fue llamada para ocupar la presidencia, en vista del vacío de poder que habían dejado los gobernantes del régimen repudiado, además se emitieron leyes y resoluciones que anulaban las elecciones y convocaban a nuevas –reconociendo el fraude electoral– (leyes 1.266 de 24.11.2019 y 20.01.2020 y ampliación de mandato de todas las autoridades electas, ratificada por el Tribunal Constitucional (Declaración Constitucional 001/2020).
De lo anotado y otros hechos, se desprende que el tal “golpe de Estado” no existió, pero sí el fraude electoral, pues la misma Asamblea Legislativa de mayoría masista sancionó las leyes que dieron legalidad al gobierno transitorio de la señora Añez.
Una vez más en nuestra historia política y judicial se comete un grave atentado contra la razón, las leyes y la democracia, para dar lugar a las ambiciones personales de grupos de poder que hace quince años se han enquistado en el poder político de la Patria.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.