Actualmente en Bolivia se adolece de estudios específicamente en valores en la formación académica en la administración de justicia, en esta misma línea la ausencia de estudios académicos en valores en pregrado y posgrado de universidades públicas y privadas del sistema universitario de Bolivia. Es necesario que estas Casas de Estudios adecuen su currícula, acorde a la coyuntura social que pervive nuestro país, estructurando estándares de enseñanza para que estas personas en el futuro trabajen en el mercado laboral con ética, idónea y repelente a la corrupción, siendo una de las muchas causas la formación académica en valores.
Conforme a las políticas de prevención, por el rol que juegan las universidades públicas y privadas, con el objeto de contar con abogados y abogadas en la carrera de Derecho que, además de conocimientos y destrezas especializadas en su campo jurídico, sean capaces de reflejar un comportamiento ejemplar e imparcial en relación principal con la lucha contra la corrupción. El comportamiento de la ciudadanía es importante, su participación en contra de esta lucha; empero, el papel actual de los profesionales abogados y abogadas es vital en su conducta propia o laboral, que sea ceñida estrictamente con la praxis de valores, estableciendo cimientos que refleje a la sociedad en general una visión de confianza y seguridad en equilibrio de justicia.
A pesar de los inmensos avances en la recuperación de la democracia, como estilo de vida y forma de gobierno, en consecuencia, la consolidación de los Estados de Derecho, no cabe duda que, en las sociedades actuales, en este caso, particularmente latinoamericanas:
(…) uno de los aspectos repetidamente señalados es el de la crisis de la administración de justicia, caracterizada por la deficiente organización, la corrupción generalizada, la lentitud excesiva (Hurtado, 2015, p. 33).
Situación que obedece, tanto desde la perspectiva de expertos, en dicho campo, como desde la perspectiva de la ciudadanía común y corriente, no sólo a causas estructurales sino a factores de formación.
Al respecto, los resultados de un estudio realizado, por Hurtado, sobre la formación de los abogados para la administración de la justicia peruana comparada con la administración de la justicia en Suiza, le permitieron sostener que:
Además de las causas estructurales de esta crisis, se señala también como un factor decisivo la deficiente formación, profesional y ética, de los abogados. Deficiencia que es considerada como debida a que las Facultades de Derecho no cumplen con formarlos e instruirlos convenientemente. De allí la preocupación, también existente en otros países latinoamericanos, sobre la enseñanza del derecho y la formación de los abogados (Hurtado, 2015, p. 34).
Lo que pone en entredicho:
(…) la transmisión de conocimientos, técnicas y métodos; la promoción y el desarrollo de la investigación; y, la formación continua posterior a la conclusión de los estudios y destinada a la puesta al día o al perfeccionamiento (Hurtado, 2015, p. ibíd).
Como principales objetivos de las instituciones responsables de la formación de abogados resultan insuficientes y generales, particularmente frente a la crisis de la administración de justicia.
Uno de los objetivos, que la formación de abogados necesita fortalecer institucional, curricular y humanamente, es el referido a la presencia de la ética, la moral y los valores profesionales indispensables para contar con generaciones jóvenes de abogados con pensamientos y actitudes que tributen a recuperar la confianza no sólo en el sistema judicial, en general, sino la confianza en el abogado como un profesional indispensable para consolidar un Estado de Derecho. Lo que trae consigo la actualidad sobre la ética dentro de la formación del abogado. Principalmente dentro de la formación universitaria.
Desde el análisis pedagógico, sostengo que la educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético – morales. Los valores incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos, en este caso, una educación abierta, materializada en el encuentro entre ciudadanos y ciudadanas con servidores públicos responsables de la administración de la justicia, es la de promover una cultura ciudadana basada en principios, valores y conductas que permitan el desarrollo de una gestión pública más plena y armónica posible.
La cultura ciudadana: busca cambiar hábitos relacionados con la convivencia y más específicamente con el cumplimiento de normas (…) por vía de la autoregulación personal y la mutua regulación interpersonal (Mockus S. A., 2012, pág. 25), enfocando cambio de hábitos. Hábitos asociados a la convivencia; al cumplimiento de las normas; y al cumplimiento que es posible a través de la autoregulación personal e interpersonal. Precisamente, la propuesta busca concentrarse en el desarrollo de hábitos de prevención y cero tolerancias a la corrupción. Aquí es necesario profundizar en el concepto de hábito, para lo cual es imprescindible remitirse a Bourdieu, quién desde un: (…) estructuralismo genético (…) parte de una doble ontología de lo social. El poder es constitutivo de la sociedad y, ontológicamente, existe en las cosas y en los cuerpos, en los campos y en los hábitus, en las instituciones y en lo cerebros. Por lo tanto, el poder existe físicamente, objetivamente, pero también simbólicamente (Capdevielle, 2011, pág. 41).
Finalmente, El horizonte es claro: tener un sistema institucional que administra la justicia boliviana con mayor confianza de la ciudadanía, con mayores niveles de eficiencia, eficacia y efectividad. Fortaleciendo en el accionar de los servidores públicos responsables de la admiración de la justicia y la dimensión pedagógica. Es decir que el Estado ayude con mayor efectividad, desde estas instancias, a construir ciudadanía. Esto es, que la ciudadanía que recurre a los servicios de las instituciones de justicia no sea cómplice de ningún acto de corrupción. Al contrario, que se constituya en un ferviente co-educador/a para asumir un comportamiento de la transparencia y dignidad, avanzar con esta dirección no depende solo de aplicar la norma se trata, también de educarnos como ciudadanos y ciudadanas.
El autor es Abogado.
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