Desde los días jueves hasta el domingo, los policías se dedican a hacer requisas exhaustivas y “abusivas” en motorizados particulares y lugares de expendio de bebidas alcohólicas, realizando extorsiones esperando recibir un “bono extra de la ciudadanía”, manifestó a EL DIARIO el exmilitar y abogado Omar Durán.
El jurista aclaró que desde todo punto de vista es un delito que una persona conduzca un vehículo en estado de ebriedad, por las consecuencias que este pueda tener, sin embargo, estos ciudadanos deben ser castigados de acuerdo a norma y no ser chantajeados por algunos malos funcionarios policiales.
“Nuestros policías, no todos, pero una buena parte sale a extorsionar a los ciudadanos en la noche. Desde el jueves, viernes, sábado y domingo extorsionan en las calles, se te atraviesan y hacen requisa a los vehículos. Lo que pasa que los policías están muy acostumbrados a tener un bono extra de la ciudadanía, personas que están manejando en estado de ebriedad tienen que pagar Bs 2.000 a Bs 3.000. Si extorsionan al ciudadano común, imagínense lo que harán con empresarios que están ligados a algún ilícito”, advirtió.
Una persona que fue encontrada con tufo alcohólico, relató a EL DIARIO que un efectivo policial le secuestró su vehículo y le dijo que podría retirarlo con la cancelación de Bs 3.500, después de 48 horas.
“Era un sábado, fui a dejar a mi hija a una fiesta, al entrar, los organizadores me invitaron un vaso de bebida alcohólica, después me salí y debería volver a recoger a mi hija. En el retorno a mi casa, me interceptó un policía y me dijo tiene aliento alcohólico, está borracho, le expliqué que solo tomé un vaso y que me sometan a una alcoholemia para verificar, el policía no aceptó nada, empezó a gritar y se llevó mi vehículo. Me dijo debes pagar Bs 3.500 el martes, todos esos días revisé normas y lo que estaba haciendo el policía no estaba bien, consulté con autoridades policiales y me dijeron: sí, deberían hacerte una alcoholemia por lo menos, pero debes hablar con él no más, así que ni modo. Volví el martes, le dije que ese monto era mucho, que entienda que no había pruebas, ni nada, me dijo o pagas o te paso a la Fiscalía por conducción peligrosa, sabía que el policía no estaba en lo correcto, pero no pude más que ceder porque no tenía de otra, ya había hablado con sus superiores y como me dijeron que debo hablar con él no más acepté con un sentimiento de ira y frustración. Encima tuve que pagar el alquiler de parqueo por tres días. De paso cuando entré a pagar me quitaron mi celular para que no grabe nada”, relató el señor Freddy Rioja.
ABUSO POLICIAL
La socióloga María Ortuño manifestó que el abuso policial es un término general que puede abarcar distintas formas de mal comportamiento por parte de los efectivos, desde su relación con el uso excesivo o brutal de la fuerza física en la realización de un arresto, pasando por detenciones arbitrarias, prácticas discriminatorias o distintas formas de extorsión y corrupción.
Apuntó que el abuso no tiene que implicar el uso real de la fuerza, también se considera la amenaza, por lo que esta acción comprende conductas verbales, físicas y gestuales que intimidan psicológicamente.
Refirió que el abuso policial es un fenómeno complejo que obedece a factores de diferentes niveles.
“El abuso es conocido como una capacidad natural de su trabajo; incluye prácticas de extorsión a la ciudadanía ampliamente institucionalizadas, por eso atender los problemas estructurales de abuso requiere resolver los obstáculos que plantea cada una de estas dimensiones. Las relaciones entre policías y población se establecen en un continuo que va desde actos de protección legítima hasta formas extremas de abuso”, advirtió.
Lamentó que la ciudadanía deba ser parte de la corrupción, como si fuera un mutuo acuerdo entre las partes, cuando más bien son presas de prácticas abusivas como las extorsiones, el uso excesivo o brutal de la fuerza y la tortura.
Aclaró que hay un amplio margen de prácticas policiales que se ejercen en medio de una complejidad de las circunstancias, por ejemplo, casos de uso de la fuerza en los que es difícil distinguir las prácticas legítimas de las ilegítimas, es decir, cuándo hay un uso razonable de la fuerza o uno ilegal.
SANTA CRUZ
En 2019, en el municipio de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, se denunció a cuatro policías por irregularidades y abusos, uno de ellos fue enviado a la cárcel de Palmasola con detención preventiva por la detención ilegal y abuso a una de las dos jóvenes que fueron llevadas hasta dependencias policiales junto a su amigo de 20 años.
“Llegan las denuncias constantes de los abusos de autoridad y de extorsión, muchas de ellas verbales porque no quieren por escrito por temor a represalias”, dijo en la oportunidad una autoridad policial.
En esa oportunidad, el abogado Jimmy Chávez, que patrocinó a dos menores, refirió que sus clientes fueron detenidas por los policías por más de 20 horas y no se notificó ni a los padres ni a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní.
“En las 20 horas hubo abuso sexual. Le ha metido (a una de ellas) a su oficina con el objeto de hacer una requisa pero le ha desvestido y manoseado. Es abuso sexual”, aseguro el jurista y añadió que hicieron que las menores laven sus uniformes.
MONTAJE
En mayo de 2022, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Renán Cabezas, denunció que la Policía montó un supuesto desbaratamiento de un clan familiar dedicado a asaltar y robar celulares en La Ceja de El Alto. El legislador aseguró que conoce a la familia que se dedicaba al negocio del servicio de sonido con amplificación.
A finales de abril, el jefe de la División de Propiedades mayor, Rolando Espinoza, presentó en conferencia de prensa a cuatro varones y una mujer que supuestamente pertenecían al “clan Candilejas”, una organización que se encargaba de cometer actos delictivos en La Ceja de El Alto.
“Ha venido una familia a la Asamblea Legislativa, a la Cámara de Diputados, a hacer una denuncia, han aprehendido a una familia inocente que esa noche habían ido a trabajar a la ciudad de El Alto, a La Ceja. Han aprendido al papá, a los hijos, a la hija y al joven que trabajaba con él y prácticamente un oficial de policía ha montado el caso”, sostuvo a la ANF el legislador del oficialismo.
Según la denuncia que recibió Cabezas, un efectivo policial vestido de civil se acercó y tomó del cuello al papá de la familia y gritó: “estos son los que roban celulares”. En respuesta, el señor se alteró por habérsele señalado como ladrón. En ese forcejeo el padre propinó un golpe en la nariz al efectivo de civil, por tal motivo fueron apresados. El efectivo alegó que la hija del dueño de la amplificación le robó un celular de 9.000 bolivianos y habría pasado el aparato a otra persona del grupo.
“La hija, inclusive, ha sido víctima de acoso sexual. Han sido víctimas de extorsión, les han pedido plata para no hacerles una acción directa. Inclusive a la muchacha, uno de los policías le habría pedido que se bajara el pantalón. O sea, qué quería hacer con ella, con la condición de que no hacerle acción directa. Entonces, ese hecho nos llama la atención, vamos a seguir investigando”, relató.
El asambleísta agregó que el Comandante ese día habría pedido que encuentren cuatro casos de delincuentes y “han salido los policías a inventarse”.
La policía bautizó al grupo como “clan Candilejas”, luego de saber que la familia se dedicaba al negocio de amplificación de sonido y que el emprendimiento llevaba el nombre de “Candilejas”. El padre, sus dos hijos varones, su hija y uno de sus trabajadores guardan detención preventiva en la cárcel de San Pedro y en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores.
“Yo les conozco, en el Distrito 3 viven. Yo era dirigente vecinal durante muchos años y he sido ejecutivo de la Fejuve, y siempre se han dedicado a la música. Los jóvenes han estudiado en la universidad, la muchacha al parecer es ingeniera. Son una familia que trabaja. No son delincuentes”, resaltó Cabezas.
El legislador del MAS aseguró que un mayor de apellido Fernández y un subteniente están implicados en esta acción irregular, uno de ellos tendría antecedentes por extorsión. Además, advirtió que existen otras personas libres de culpa que fueron enviadas a la cárcel de San Pedro bajo el mismo modus operandi. (EL DIARIO y ANF)
