Desde 2013 al 31 de mayo de 2022, la Defensoría del Pueblo registró 1.033 denuncias por tortura y malos tratos que contemplan una mayor afectación a la integridad física y psicológica. De éstas 769 fueron contra la Policía Boliviana y las 131 contra las Fuerzas Armadas (FFAA).
La Defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, precisó que las denuncias sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desde noviembre de 2021 son atendidos por la institución defensorial en su calidad de Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNP), en el marco de lo dispone la Ley 1397.
“Desde que asumió su competencia, el MNP ha realizado acciones para cumplir con su mandato, ha realizado 114 visitas a centros de privación de libertad, celdas policiales y cuarteles para examinar las condiciones y el trato que reciben las personas privadas de libertad y las que están cumpliendo su servicio militar e identificar posibles casos de tortura o malos tratos”, manifestó Cruz.
Precisó que, además de las 769 denuncias recibidas contra la Policía Boliviana y las 131 contra las Fuerzas Armadas, se registraron 55 contra gobiernos municipales, 43 contra la Dirección General de Régimen Penitenciario, 38 corresponden al Ministerio Público, 12 a universidades y siete a gobiernos departamentales.
TIPOS DE VULNERACIÓN
Respecto al tipo de vulneración, 772 denuncias están referidas a la transgresión a la integridad física, 354 a integridad psicológica y tres a integridad sexual. Los departamentos de La Paz, Tarija y Cochabamba, son donde mayor cantidad de denuncias se registraron con 262, 188 y 185 respectivamente.
Las gestiones de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2021, fueron cuando más denuncias registró la Defensoría del Pueblo con 210, 175, 111, 102 y 110 casos respectivamente.
De acuerdo a un análisis a las denuncias registradas, realizado por el MNP, se identificó que desde 2019 al primer trimestre de 2022, el 55% de las denuncias por tortura y malos tratos se originan en hechos ocurridos en celdas policiales o a momento del arresto o la aprehensión, otro 21% por hechos suscitados en centros penitenciarios, un 14% corresponde a actos de tortura y malos tratos en cuarteles, y un 10% por otro tipo de situaciones como, por ejemplo, malos tratos provocados por guardias municipales o en hospitales.
Cruz precisó que hasta el 31 de mayo de este año, el MNP realizó valoraciones médicas y psicológicas a 23 víctimas de tortura, en base al Protocolo de Estambul que contiene directrices reconocidas a nivel internacional para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En el marco de su facultad de litigación que le otorga la Ley 1397, participa en 34 procesos penales por delitos de tortura, a fin de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y la lucha contra la impunidad.
Dentro estos procesos, se encuentran los hechos del conflicto de 2019, como las detenciones en noviembre de ese año en las zonas de Ovejuyo, Rosales, Pedregal y Chasquipampa de la ciudad de La Paz, en las zonas de Ciudad Satélite, Villa Dolores, Faro Murillo y Villa Adela de la ciudad de El Alto y la remisión de las y los detenidos a los Distritos Policiales 4 y 3, Comando General de la Policía Boliviana y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la sede de Gobierno donde, durante la custodia de las personas detenidas, la Policía Boliviana cometió actos de tortura.