El gobierno de Luis Arce Catacora si realmente tiene el interés de enfrentar la lucha contra al narcotráfico con eficiencia, deberá adoptar una decisión urgente sobre las unidades de la FELCN y UMOPAR porque a la fecha no funcionan; pero no funcionan por la injerencia política, la corrupción y el nexo con el narcotráfico por parte de autoridades políticas y policiales. Las principales debilidades de la actual estructura organizativa, en la lucha contra las drogas, se deben principalmente:
1) A la injerencia política sobre la policía en todos los niveles. 2) Al sometimiento del comando de la Policía al poder político, por cuanto son cuotas de poder y no responde a méritos profesionales. 3) A la dependencia de las unidades de UMOPAR y FELCN a un Viceministro de defensa social que surge del seno de las seis federaciones de cocaleros. 4) A la corrupción. 5) A pagos económicos para ser destinados y acceder a distintos cargos dentro de UMOPAR y FELCN. 6) A la falta de profesionalismo, por las debilidades ut supra descritas (entre otras). De tal forma que esas unidades no realizan sus tareas operativas con eficiencia, cuando se comprueba que reciben órdenes y contraordenes durante el ejercicio de sus funciones, especialmente cuando se atenta contra intereses de altas personalidades ligadas a la corrupción y el narcotráfico, como el caso narco audios, donde se implica al Viceministro de defensa social según las declaraciones del Cnel. Terán.
De la misma forma, en la intervención de fábricas de droga no caen peces gordos, así como la droga que se incauta tampoco es incinerada de acuerdo con normas transparentes. En este campo, ningún proceso por narcotráfico, ajustes de cuentas, ni ejecuciones por sicarios avanza, porque protegen a importantes personalidades políticas; es de esta manera que son neutralizadas las operaciones antidrogas en el país.
El diseño de una reorganización de las fuerzas anti drogas previamente deberá partir desde el mando policial, luego prever la designación de un Viceministro de defensa social independiente, sin vínculos con las federaciones de cocaleros del Chapare, ni de los yungas, así también, tan pronto como sea posible se debe crear una nueva fuerza de lucha contra el narcotráfico, en reemplazo de la actual FELCN y UMOPAR. La misma podría estar integrada por policías y militares bajo un mando centralizado, pero de ejecución operacional descentralizada, conformado por un Estado Mayor colegiado, denominado: “comité nacional inter institucional, de lucha contra las drogas”, constituido por un agente representante de las siguientes instituciones:
1) De la comisión de Fuerzas Armadas y Policía del senado nacional, 2) del Ministerio de Gobierno, 3) del Ministerio de Defensa, 4) del comando en jefe de las FFAA, 5) del comando de la Policía, y 6) un representante del Viceministerio de transparencia institucional y lucha contra la corrupción. Los mismos designarán a los directores departamentales. Esta fuerza tendrá jurisdicción a nivel nacional con tareas específicas en el área urbana y rural, debiendo operar de manera autónoma sin depender de sus respectivos comandos de origen (FFAA/Policía Boliviana), solamente en el campo administrativo y disciplinario. También se deberá establecer en esta organización un equipo jurídico para impulsar procesos legales a los implicados con este ilícito e impulse trámites de extradición conforme a compromisos internacionales.
Finalmente, los operadores de la justicia deben hacer su parte, para no avergonzar a sus familias, porque el narcotráfico es una desgracia para la humanidad; demuestren capacidad con libre determinación y logren castigar según la gravedad de los hechos, evitando colocarse por debajo de los caprichos de los implicados y concluyan todo proceso iniciado para dignificar su trabajo, principalmente para dignificar a la sociedad boliviana.
El autor es abogado, Cnel. (SP), docente universitario.