Luego de la postergación del Censo Nacional de Población y Vivienda, hasta mediados del año 2024, las instituciones de la sociedad civil que integran la campaña “Censo Informado” emitieron un pronunciamiento en el que destacan la importancia de esta medición nacional para el desarrollo del país, la necesidad de fortalecer la institucionalidad del Instituto Nacional de Estadística (INE) y asegurar el derecho de acceso ciudadano a la información.
En un pronunciamiento emitido de forma conjunta entre la Fundación Jubileo, el Observatorio Ciudadano de la Democracia y la Ruta de la Democracia, se afirma que el Censo es la herramienta fundamental para la planificación del desarrollo del país, por lo que su postergación trae consigo una demora de la evaluación del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que el Estado asumió ante la comunidad internacional, al igual que de la ejecución del Plan de Desarrollo Económico y Social con miras hacia el Bicentenario, y así también el retraso en la aplicación de nuevas políticas públicas nacionales, departamentales y municipales.
Comprendemos, sin embargo, que el proceso del Censo 2022 carecía de garantías para obtener resultados de calidad y confiabilidad técnica.
La postergación del Censo debe permitir, en este tiempo, fortalecer la institucionalidad del Instituto Nacional de Estadística (INE), aumentando sustancialmente sus capacidades técnicas y garantizando su independencia, lo que supone evitar la intromisión de intereses políticos que dañan la credibilidad de esta importante entidad del Estado.
El fortalecimiento de la institucionalidad del INE debe implicar, asimismo, una mejor gestión de la información, que cuente con estándares verificables de transparencia en el cumplimiento de sus funciones, y que disponga además de mecanismos destinados a garantizar la participación de instituciones, organizaciones, entidades académicas y otras instancias de la sociedad civil, en las tareas de seguimiento y monitoreo de todas las etapas del Censo.
Para asegurar el derecho de acceso ciudadano a la información, es fundamental contar con una planificación de todas las etapas del Censo, que incluya un calendario de acceso público irrestricto.
Tratándose de un proceso que se financia con deuda pública que pagará el pueblo boliviano en los próximos años, el buen uso y destino de dichos recursos debe constituir una tarea de alta prioridad, respaldada por responsabilidades institucionales claras y rendición pública de cuentas.
Por lo expuesto, se solicita al Gobierno y al Consejo Nacional de Autonomías una información más explícita sobre la decisión asumida, y en particular respecto del nuevo plazo establecido para la realización del operativo censal, en vista de que tareas como la actualización cartográfica, que se supone que estaba parcialmente avanzada, podrían quedar desactualizadas para el 2024.
El Censo es un bien público, lo que implica una responsabilidad compartida entre los distintos niveles de gobierno y el conjunto de la sociedad boliviana a fin de lograr que el país cuente con información cierta de cuántos somos, dónde estamos y qué necesitamos, con miras a proyectar políticas que se traduzcan en mayor bienestar general, incluyendo las prioridades de atención a las necesidades de los sectores más vulnerables.