El juicio por el feminicidio de Mayerly C. (septiembre de 2021), está a dos semanas de su inicio, informó a EL DIARIO la delegada departamental de la Defensoría del Pueblo en La Paz, Mabel Martínez. En tanto la familia de uno de los acusados exige su defensa en libertad ya que la única prueba que tiene la Fiscalía es una breve conversación en un comentario de Facebook.
“De acuerdo al seguimiento que vamos realizando, tenemos conocimiento que el 3 de junio de este año, la Fiscalía ha presentado ya una acusación formal contra dos personas que ellos consideran son los responsables de este hecho. Estaríamos a un par de semanas que se instale el juicio oral”, precisó Martínez.
El 6 de septiembre de 2021, se conoció el asesinato de Mayerly C.Q., una joven de 18 años que salió de su hogar un día antes para encontrarse con su pareja Matusalén Mancilla. Su cuerpo fue hallado sin vida, desmembrado y esparcido al interior del bosquecillo de Inca Llojeta de la ciudad de La Paz.
De acuerdo al examen forense y la autopsia, se determinó que la joven murió por estrangulamiento.
La noche del martes 7 de septiembre de 2021, la Policía aprehendió a dos sujetos, Roberto Huanca y Matusalén Mancilla, ambos presuntamente implicados en el asesinato y desmembramiento de Mayerly. Uno de ellos confesó el crimen, mientras que el otro se declaró inocente.
El abogado Jorge García, que patrocina a la familia de Roberto, en anterior entrevista con EL DIARIO, manifestó que en los 10 meses que su patrocinado está detenido, la Fiscalía no pudo comprobar la participación de su patrocinado en el hecho de sangre.
La esposa de Roberto manifestó que entre las pruebas colectadas en el feminicidio de Mayerly, están el arma blanca con el que presuntamente fue descuartizada, la cuerda con la que la habrían ahorcado, su ropa y otros que a la fecha no fueron sometidos a pericias, para comprobar la autoría del crimen y el grado de participación de cada uno de los acusados.
Al respecto, Martínez precisó que la Defensoría hace el seguimiento de los casos para que se respete el procedimiento legalmente establecido, lo que implica la igualdad entre las partes, el principio de objetividad, entre otros.
“El Ministerio Público no nos permite el acceso al cuaderno de investigaciones, entonces nosotros no podemos ver qué requerimientos han presentado las partes, si les han dado curso o no. Cuando solicitamos información respecto al proceso, la Fiscalía nos emite un informe de manera genérica y nosotros no podemos identificar con precisión las vulneraciones”, advirtió.
En ese marco dijo que si la Defensoría identifica vulneraciones al debido proceso o identifica retardación de justicia, que es lo que generalmente afecta a las partes, empiezan a indagar antes las autoridades respecto a los plazos procesales.
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