Han sido muchos los compatriotas que han levantado sus voces de protesta, ante el avasallamiento de tierras fiscales, parques y reservas naturales del país. Hace años se le endilgaba esta acción al odiado imperialismo; un destacado intelectual de la segunda década del pasado siglo escribió sobre el saqueo de Bolivia.
En estos tiempos de supuesto cambio, ya no es el imperio yanqui el que supuestamente saquea nuestros recursos, sino son los mismos grupos corporativos, como cooperativas mineras e interculturales, que se han enquistado en el poder hace quince años, a título de proceso de cambio, que nada ha cambiado que no sean las oligarquías gobernantes.
Son 22 las áreas reconocidas por disposiciones legales, como reservas naturales que deben ser conservadas y evitar su deterioro, en especial por la acción de empresas petroleras internacionales y la empresa estatal boliviana del petróleo, que fuera creada por el nacionalismo de corte social de gobiernos militares de fines de la década de los años treinta del pasado siglo.
Si bien es cierto que el negocio de la extracción de hidrocarburos es una actividad que requiere de elevadas inversiones económicas, no es menos cierto que las empresas que tienen recursos económicos y tecnológicos, aliados a gobiernos neocapitalistas (aunque su discurso sea socialista) amparados en su poder, avasallan zonas calificadas de protegidas.
En el año 2017, el 90 % del territorio del parque nacional y área Natural de Manejo Integrado Iñao, reconocido como tal, fue afectado por las transnacionales de los hidrocarburos, que buscaban mantos de petróleo y derivados, gracias a tres decretos supremos firmados por el entonces presidente del Estado, Evo Morales, que permite la actividad petrolera en parques nacionales y áreas naturales, aun en territorios indígenas.
Lamentablemente, algunos dirigentes de pueblos indígenas que deberían defender sus territorios ancestrales, son tentados para aceptar las labores empresariales, seguramente a cambio de dudosas promesas. Otros dirigentes se opusieron a la política depredadora oficial.
Otro caso, entre varios, fue el llamado proyecto del Bala, con el que se pretendió construir una represa para generar energía eléctrica, para ser vendida a países vecinos, y abrir nuevas fronteras agrícolas a gran escala en esa zona, afectando una riqueza natural incalculable en flora y fauna.
Ahora son varias las voces que denuncian la afectación del parque de Tariquía, en búsqueda de hidrocarburos. También el TIPNIS sufrió la arremetida de las políticas extractivistas del régimen, para construir una carretera que abra este parque a las labores agrícolas, la misma que ha afectado parte del parque.
Los denominados “interculturales”, cooperativas mineras auríferas y otros grupos depredadores han tomado parques nacionales protegidos, para sus actividades, ya sea para sembradío de cocales o de extracción de oro, afectando gravemente el entorno natural protegido, que tiene un valor incalculable porque responde a las leyes naturales.
Lo contradictorio de estas políticas es que el régimen se declaró protector de la “madre tierra” o “pachamama”, por un lado, y enemigo del capitalismo, por otro, pero la realidad es otra, pues sus políticas atropellan a la madre tierra y son absolutamente capitalistas. El Estado boliviano está considerado entre los países donde más se afecta a los bosques.
El señor David Choquehuanca, ahora vicepresidente, declaró que “las áreas protegidas son un invento de los gringos”. Evo Morales sentenció: “Los culpables del cambio climático son los del norte (…) nosotros tenemos derecho a producir y hacer carreteras, tenemos que cultivar más si es necesario”. Álvaro García Linera dijo: “No somos guardabosques del capitalismo”. (Declaraciones tomadas de la prensa).
Las autoridades de gobierno y todos los ciudadanos tenemos el deber de preservar los recursos naturales, más aún los protegidos por leyes específicas.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.