El anteproyecto para el Fortalecimiento de la Ley 348, presentado el martes prevé la sanción para los tipos de violencia ginecoobstétrica, cibernética, sindical, y el acoso callejero, además busca fortalecer mecanismos de prevención, atención, protección, sanción y reparación integral a mujeres en situación de violencia, que se garantice el acceso a la justicia de manera pronta, oportuna y gratuita.
Después de una revisión al documento, la Defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, destacó la implementación de dispositivos electrónicos de vigilancia y rastreo o manillas electrónicas, cuyo costo deberá ser asumido por el denunciado.
Asimismo, se resalta la conformación del modelo de gestión y la red funcional de lucha y erradicación de la violencia contra las mujeres; la regulación del régimen de medidas de protección especial a mujeres en situación de violencia; el establecimiento del procedimiento sancionador por hechos de violencia contra las mujeres en la vía penal y administrativa, entre otras.
Otro aspecto positivo para la Defensoría del Pueblo, es que se clarifica la situación de las mujeres transexuales y transgénero que sufren, directamente, un daño o un perjuicio a causa de una determinada acción u omisión que implique violencia.
PROTECCIÓN ESPECIAL
Manifestó que sobre la regulación del régimen de protección especial, se busca salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual; los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las víctimas y de sus dependientes; así como establecer medidas vinculadas a la prohibición de contacto; posesión de bienes y situación habitacional; asistencia y cuidado de personas dependientes; trabajo de la víctima y tratamiento del denunciado a través de procesos reflexivos, educativos o psicológicos tendientes a la modificación de conductas violentas y delictivas.
Cruz dijo que, en relación al procedimiento sancionador, se valora que en el anteproyecto se proponga la creación de un sistema sancionador administrativo que dé solución a los hechos de violencia que no constituyan delitos, a través de multas económicas, la suspensión temporal, el pago de tratamiento psicológico, la terapia psicológica o productiva del agresor y el trabajo comunitario.
“Consideramos que todas las medidas descritas, coadyuvarán a erradicar la violencia contra las mujeres; sin embargo, debemos recordar al Estado boliviano, que se debe garantizar su promulgación y aplicación plena en el menor tiempo posible, para lo cual, será necesario una articulación entre los diferentes niveles de gobierno y Órganos del Estado, a fin de, garantizar a todas las mujeres el derecho a una vida digna y libre de violencia” concluyó.