La compañía de Inteligencia está orientada a la seguridad del Estado y no para hacer trabajos domésticos como el seguimiento a ciudadanos que hacen uso de sus derechos constitucionales, manifestó a EL DIARIO el coronel en servicio pasivo del Ejército, Jorge Santistevan, en relación a cuatro miembros de las Fuerzas Armadas que presuntamente se infiltraron a la marcha denominada por la democracia, el pasado 21 de julio.
“Si bien la actividad de Inteligencia es sucia, debe ser manejada por los hombres más limpios de la institución (…). La Inteligencia militar no tiene que entrar a objetivos políticos porque no es su atribución, las unidades de Inteligencia no están preparadas para eso sino para preservar la seguridad de Estado y la soberanía nacional”, dijo.
Manifestó que el trabajo de Inteligencia debería estar orientado a su par de Chile que viene e investiga a los policías que hacen contrabando de vehículos en el país.
“Parte de la Inteligencia chilena, caracterizada como ONG, han encontrado vehículos robados de Chile en poder de policías, de autoridades, incluso en un cuartel militar de la frontera, eso debería estar trabajando la compañía de Inteligencia, así como con la organización de crímenes internacionales que están operando en el contrabando, tráfico de armas, narcotráfico y otros que amenazan a la seguridad del Estado”, apuntó.
En ese marco advirtió que emplear Inteligencia en tareas de investigaciones a ciudadanos comunes es un delito que está cometiendo el director de Inteligencia, el jefe de Estado Mayor y están comprometiendo también al Presidente.
“Si ellos hacen este tipo de investigaciones y reciben instrucciones políticas, ellos tienen que atenerse a procesos legales que puedan enfrentar a futuro porque la sociedad civil está siendo investigada indebidamente, vulnerando derechos constitucionales”, dijo.
PERFIDIA
Un general en servicio pasivo del Ejército, que pidió mantener su nombre en reserva, manifestó a EL DIARIO que la infiltración de los militares en la marcha de los médicos es bastante irregular y que la normativa internacional prohíbe la perfidia.
“El servicio de Inteligencia está para buscar datos, Inteligencia de nuestros países vecinos o de enemigos del Estado, no de opositores que es diferente. En los 40 años de mi servicio como soldado, jamás he visto cosa parecida”, apuntó.
Aclaró que la normativa internacional prohíbe la perfidia, que de acuerdo a Wikipedia es una forma de engaño en la que una parte se compromete a actuar de buena fe (por ejemplo, izando una bandera de rendición) con la intención de romper esa promesa una vez que el enemigo se haya expuesto ante ellos (por ejemplo, esperando que salgan al descubierto con el fin de captar a las fuerzas que se rinden).
La perfidia está expresamente prohibida en virtud del Primer Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, que establece: “Artículo 37.- Prohibiciones de la perfidia (…) (c) simular ser un civil, no combatiente”
NO HAY DELITO
El abogado Jorge Valda, explicó ayer que cuatro miembros de Inteligencia armaron la aprehensión y posterior detención preventiva de tres jóvenes paceños que el 21 de julio participaron en la marcha de médicos y activistas de derechos humanos.
Pasado el mediodía, cuando la marcha concluyó, y luego de amagues de enfrentamiento con grupos masistas, ocho personas llegaron hasta plaza Abaroa, en la esquina del Ministerio de Defensa, momento en que un grupo de policías vestidos de civil los arrestaron. Extrañamente, cuatro de ellos se sometieron sin cuestionar que no exista alguna orden formal.
De acuerdo al jurista, los cuatro militares registraron nombres falsos, pero al salir firmaron con sus nombres verdaderos de Óscar Sánchez, Hugo Herrera, Álvaro Barcaya y Luis Lero Condori.
Al respecto, el abogado Ramiro Carrillo manifestó a EL DIARIO que ese extremo no es un delito.
“Tengo entendido que ellos han dado conocer su nombre de agente encubierto y no el real, ese procedimiento no está regulado, es interno, además en sus reglamentos, incluso de la Policía, los miembros de Inteligencia no se identifican con nombre y apellido, a no ser que sean encubiertos en organizaciones criminales, pero en este caso era marcha común y corriente”, manifestó.
El jurista aclaró que para actuar como infiltrados deberían tener una autorización judicial, empero que generalmente no lo hacen.
En similar criterio, el abogado Eusebio Vera, manifestó a EL DIARIO que se tendría que ver el perjuicio ocasionado para que ingrese en algún tipo de falsedad.
“Estimo que han debido registrar su ingreso en un libro y al final, cuando les dijeron identifíquense, dieron su nombre real, ese hecho es una declaración de falsedad y la falsedad por sí misma no es un ilícito sino que esa falsedad tendría que haber causado un perjuicio cierto y objetivo”, apuntó.
El abogado Jorge Santistevan apuntó que los uniformados cometieron un delito de orden público, por lo que los cívicos están en su derecho de procesar al Comandante del Ejército por destacar a los uniformados y a ellos mismos por haber sido descubiertos “infraganti”.
“Lo que tiene que hacer el mando que ha ordenado que se realice esto es poner a disposición del Ministerio Público, previo informe, y el proceso interno que puedan hacer ellos no involucra una desvinculación de un proceso en la justicia ordinaria porque es un delito de orden público porque han sido descubiertos infraganti, sin perjuicio de que internamente sean procesados por las autoridades militares”, dijo.
En ese marco aclaró que es una obligación que se levante un sumario informativo que se realiza en este tipo de casos.