jueves, septiembre 26, 2024
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Alcaldesa Eva Copa declara hoy ante Ministerio Público

Frank Campero, abogado de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, ratificó que la autoridad declarar ante el Ministerio Público hoy a las 8:00 de la mañana dentro del caso de violencia política ejercida en su contra por el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico.

De acuerdo con la información conocida por parte del jurista a cargo de este caso, indicó que la alcaldesa Copa se presentará en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de El Alto, tal como fue dispuesto por la Fiscalía.

Campero dijo que es una declaración informativa sobre la denuncia que efectuó la autoridad alteña en contra del funcionario de Estado, Gustavo Torrico, dentro de caso violencia política luego de que dicha autoridad le calificó de loca, oportunidad en que realizaba un evento político de su partido el Movimiento al Socialismo (MAS).

Este hecho que generó varias repercusiones dentro del ámbito político y con más fuerza en la ciudad de El Alto, donde diferentes organizaciones sociales y cívicas se pronunciaron al respecto, inclusive exigiendo la renuncia de la autoridad del Viceministerio.

En la oportunidad, entidades como la Federación de Juntas Vecinales a la cabeza de su dirigente Fernando Rivero, exigió la renuncia de Torrico dando un plazo de 24 horas, así como el representante de la Central Obrera Regional (COR) de esta ciudad, según su ejecutivo Marcelo Mayta.

“La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, va a asistir hoy a prestar su declaración ante el Ministerio Público, donde va a solventar, complementar y sobre todo ratificará sobre su denuncia efectuada en contra del viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, y de esta manera continuar con este proceso”, explicó el abogado.

Por otro lado, Campero dijo que el plazo de la investigación dentro de este tema fue ampliado por sesenta días, lo que dará la posibilidad de determinar su posterior imputación ante el acusado.

Asimismo, recordó que este tipo de delitos tiene una sanción privativa de libertad de tres a ocho años, tema que también está siendo contemplado en el presente caso.

 

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