Parte I
La seguridad ciudadana en las unidades educativas del país debe ser fomentada para proteger a la población estudiantil. En este sentido, se debe aplicar métodos modernos e innovadores en materia de seguridad, para prevenir la inseguridad ciudadana y así coadyuvar de manera estratégica cuando se presente cualquier situación que sea generada por personas malintencionadas y maliciosas que, de alguna manera, buscan causar malestar o vulnerar la seguridad de nuestros estudiantes.
Al respecto, el artículo 299, párrafo II, numeral 13 de la Constitución Política del Estado establece que la seguridad ciudadana es una competencia ejercida de forma concurrente por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas (gobiernos departamentales, municipales, etc.). De la misma manera, en su artículo 251 establece, con claridad, la misión constitucional de la Policía Boliviana, que especifica con prioridad “la defensa de la sociedad”, para que las fuerzas policiales apliquen operativos estratégicos a fin de garantizar la seguridad ciudadana de nuestros estudiantes.
Igualmente, la Ley No. 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “para una vida segura” fundamenta una parte muy importante para el tema de seguridad ciudadana, considerando que la participación ciudadana y el control social son espacios importantes de interacción. En ese contexto, como unidades educativas que son parte de la sociedad, también deben coadyuvar y coordinar con las entidades respectivas para brindar todo el apoyo que se requiera en temas de seguridad ciudadana.
Asimismo, de manera obligatoria las unidades educativas deben gestionar, ante los gobiernos municipales de su jurisdicción, la instalación de cámaras de seguridad para fortalecer la seguridad ciudadana. Dicho procedimiento tiene que estar sustentado en el artículo 124, párrafo II, de la Resolución Ministerial 001/2022 “Normas Generales para la Gestión Educativa”. Por consiguiente, las unidades educativas deben usar los medios tecnológicos y de monitoreo, tanto en el interior como en el exterior de sus locales, para coadyuvar a la seguridad ciudadana de nuestros estudiantes.
En ese sentido, es preocupante observar que, en algunos barrios de la ciudad de El Alto, las unidades educativas no cuenten con medios tecnológicos, como cámaras de seguridad, para precautelar la seguridad de sus estudiantes. Es indudable que esa falta de equipos de vigilancia los vuelve vulnerables y posibles víctimas de cualquier hecho delictivo, como trata y tráfico de personas.