La diputada por la agrupación Creemos, María René Álvarez, remitió una nota a la Relatoría Especial de Pueblos Indígenas y ante Naciones Unidas alertando sobre el aumento de avasallamientos y usurpación de tierras en el Área Protegida Bajo Paraguá y pidió a estas instancias exhortar al Estado boliviano a tomar acciones oportunas que eviten estas vulneraciones.
Tras agotar los recursos internos de denuncia, la parlamentaria optó por acudir a organismos internacionales ante la indiferencia de las autoridades nacionales frente a un problema que tiende a agravarse por la proliferación de grupos de los denominados “interculturales”, que insisten en tomar áreas protegidas en la Chiquitania.
“Se solicita a su autoridad que, en el marco de su mandato y atribuciones, realice un llamado al gobierno boliviano dirigidos a la protección inmediata de derechos humanos y derechos colectivos de los pueblos indígenas afectados, con el fin de proteger y preservar el área protegida de Bajo Paraguá como un bien mayor natural”, señala parte de la nota.
Esta Área Protegida Municipal es una Reserva Forestal desde el año 1988, comprende una superficie de 1.360.796 hectáreas y está ubicada en los municipios de Concepción y San Ignacio de Velasco en Santa Cruz.
Los asentamientos humanos ilegales atribuibles a personas ligadas al partido de gobierno, grupos ilegales que además incurren en hechos de deforestación y otras acciones supuestamente productivas que no sostenibles están ocasionando el aumento de incendios forestales, sequías y pérdida de biodiversidad.
“El sistemático asalto a las tierras de las comunidades originarias, especialmente chiquitanas, con una clara intención partidaria colonizadora del MAS mediante grupos denominados interculturales, de no ser resueltos con firmeza dentro de los mandatos constitucionales, condena a la desaparición de las tierras protegidas”, alertó Álvarez.