Es justo el resarcimiento prometido a las víctimas de las dictaduras militares entre 1964 y 1982. Sus representantes se turnaron en una carpa instalada en el Prado de La Paz, desde muchos años atrás en frente de la sede del Ministerio de Justicia, pero sin llamar la atención de los sucesivos gobiernos. Si esto es hacer justicia, en cambio constituye una gran injusticia contra los perseguidos, torturados y desterrados de 1952 a 1964 en los gobiernos de Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo. Las víctimas del “doble sexenio” no conocieron forma ni figura de juicio, eran apresados sin saber el supuesto motivo atribuido. Algo similar había ocurrido en los gobiernos castrenses de facto. Además, en los aciagos 1952-64, las detenciones provenían de falsas denuncias a las que se daba oídos, o generadas por bajas venganzas personales y envidias.
En los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, por lo menos, los opositores son sometidos al Ministerio Público y a los tribunales, si bien esto es una pantomima que remata en sentencia por supuesto terrorismo, conspiración, etc. Todos saben que, en el fondo, ambas instancias son designadas por el poder fáctico que domina el país, mientras obedientes estas instancias prosiguen los procesos inventados.
Los gobiernos del MNR de los años 50 no vacilaron en establecer campos de concentración, seguramente los únicos en la historia represiva latinoamericana. Entre los similares campos criollos nazis, se recuerda: Curahuara de Carangas, Uncía, Siglo XX y otros. Las presentes rememoraciones buscan llevar al conocimiento –aunque sea a grandes pinceladas– de las generaciones maduras y jóvenes de Bolivia, ignorantes de estos hechos por carencia de información y hasta por desinformación acerca los años 52–64 del Siglo XX. Parece haber sentado sus reales un “pacto de silencio”, añadido a versiones laudatorias, infundadas y corrosivas de la verdadera historia. Son personas que no aman la rectitud, como sugieren los Libros Sagrados. Aunque a estas alturas del tiempo serán pocos los sobrevinientes de la persecución más despiadada, una reparación más moral que económica es un imperativo ineludible de justicia.
En el doble sexenio, la generalidad de apresados sufrieron cueles torturas en la Cárcel de San Pedro de La Paz, en las del interior, por agentes del Control Político y a manos de los milicianos irregulares del MNR y, por supuesto, en los campos de concentración. No pocos murieron asesinados y a 4 o 5 jóvenes evadidos de Curahuara de Carangas les costó la vida su intento de trasponer la cordillera hacia Chile. Otros fueron fusilados en la localidad cruceña de Terebinto y la plana mayor de FSB en el cuartel Sucre de la calle del mismo nombre y Bolívar. Hablamos de la celada a traición del 19 de abril de 1959. El mismo día se dio a conocer el holocausto de Oscar Unzaga de la Vega, Jefe de Falange y de su fiel ayudante René Gallardo.
Aunque en el haber infausto de estos 14 años de autoritarismo no ha sido extraña la tortura física según denuncias, se viene aplicando una forma refinada de tortura. No es otra que la multiplicación de juicios rebuscados en perjuicio de los opositores y disidentes, procesos incoados en la totalidad de los departamentos, obligando a incontinentes marchas de una ciudad a otra para asistir a audiencias intempestivas. Este tipo de tortura bajo asesoramiento foráneo ha cobrado vidas. Tal es el caso de un ingeniero, ex presidente del Servicio Nacional de Caminos, perseguido por el MAS y sometido a constantes viajes para atender numerosos juicios en distintas ciudades del país, hasta que falleció de infarto cardiaco. Otra víctima mortal ha sido el señor Marco Aramayo, ex Administrador del Fondo Indígena, detenido durante 7 años y trasladado a distintas cárceles. Semejante tormento originó su muerte. Aramayo tuvo el valor de hacer denuncia sobre los repetidos y millonarios desfalcos en la institución, dineros girados a cuentas bancarias personales. Tan irresponsables desembolsos jamás se recuperaron.
Volviendo al tema central, el primer gobierno de Víctor Paz no fue constitucional, aunque se ubicó primero en la elección de 1950. Lo aupó a jefe del Estado el levantamiento armado del 9 de abril de 1952, pero gobernó sin el Congreso o Parlamento, en el cual carecía de la mayoría suficiente para hacerse de la presidencia de la República. Por consiguiente, ejerció de facto. Algunos dicen que la caída del régimen interrumpió el proceso democrático. Quien lo interrumpió fue Paz Estenssoro por su tercera reelección anticonstitucional y de resultados fraguados. El plebiscito se consumó pese a la abstención de todas las fuerzas de izquierda y derecha, incluidos los desgajamientos del propio MNR. El pueblo estaba saciado de tanto autoritarismo y persecución. Frente a tamaña exclusión, decimos con Platón: “Es peor cometer una injusticia, que padecerla”.
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