El ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó ayer que la licitación para la adjudicación de la obra caminera Sucre – Yamparáez fue “adulterada” por la comisión de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y los miembros de la empresa china China Harbour Engineering Company (Chec).
En una conferencia de prensa, Lima explicó que en la investigación que realizaron, detectaron irregularidades en el poder de representación del consorcio chino, debido a que se habría incluido los documentos de manera irregular para que se firme el contrato.
Según la explicación del Ministro de Justicia, los documentos señalan que Marisabel G. A. dictó los poderes de la china China Harbour Engineering Company (Chec) el 10 de diciembre de 2021.
Sin embargo, hechas las averiguaciones en la Dirección del Notariado Plurinacional (Dinoplu), que depende del Ministerio de Justicia, se verificó que los formularios notariales de ese poder, desde el número 183 al 190, fueron vendidos posteriormente, el 26 de enero de 2022.
En este caso, Lima dijo que lo que sucedió es “muy grave”, ya que la china China Harbour Engineering Company (Chec) debió presentar el documento poder el 26 de diciembre de 2021, para que la comisión de la ABC lo evalúe el 5 de enero de 2022. Pero se evidenció que ese poder salió con posterioridad, el 26 de enero.
En ese sentido, Lima señaló que lo que se constata con esta pesquisa, es que el proceso de licitación fue fraguado.
La autoridad gubernamental informó que por el momento están siendo investigados los integrantes de la comisión de la ABC y los miembros de la empresa china. Agregó que no están incluidos en la pesquisa el Presidente de la ABC, Henry Nina, y el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, quienes son cabezas del sector.
Señaló que por el momento se realizan diversos allanamientos de viviendas y se busca aprehender a otros responsables de la adulteración de la licitación.
Asimismo, indicó que se sigue una investigación por el delito de legitimación de ganancias ilícitas en contra del contador Jesús Esteban Aguilar Suxo, quien se prestó a emitir facturas por un pago de la empresa china, cuyo monto inicial asciende a más de 9 millones de bolivianos, que es la mitad de la presunta coima que pagó el consorcio internacional para adjudicarse la obra.
Aguilar había emitido facturas sobre estos cobros, hechos a través de tres cheques, pese a que su Número de Identificación Tributaria (NIT) estaba inactivo desde noviembre de 2021.
Además, Aguilar habría recibido otros pagos más, con los que la suma que recolectó pasa los 14 millones de bolivianos, sin que esta persona pueda justificar el recibo del dinero, ya que no cuenta con maquinaria para alquilar.
Por ese motivo, señaló que, al margen de Aguilar, el representante legal de la empresa china, Jin Zhengyuan, es investigado también por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, ya que fue él quien hizo la transferencia de dinero. (Brújula Digital)