Luego que el Relator Especial de Sustancias Tóxicas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Marcos Orellana, denunció ante el Consejo General de Derechos Humanos, que Bolivia afecta la vida y los derechos de pueblos indígenas por la falta de control en el uso de mercurio para la explotación minera en el río Beni, parlamentarios de oposición condenaron que autoridades no asuman sus responsabilidades e incumplan deberes para reducir el uso de elementos nocivos para la salud de la población.
Desde sus redes sociales, la senadora por Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena condenó los abusos de la actividad minera en distintos puntos del territorio nacional, destacando el alcance de la Acción Popular presentada por esta organización política, semanas atrás.
“El régimen masita sitúa en terrible situación a Bolivia por el incumplimiento injustificable del Convenio de Minamata, violando así Derechos Humanos de pueblos indígenas y de la población en general. Incumplen deberes incluyendo el plazo para aplicar un plan nacional de reducción y eliminación del mercurio. Peor aún, su uso crece”, alertó Requena.
Al respecto, la diputada por creemos, María René Álvarez, lamentó que instancias internacionales demuestren al mundo la falta de control de parte del gobierno boliviano en el uso de mercurio con fines mineros.
La legisladora representante de la Chiquitanía, lamentó que, pese a las reiteradas denuncias al respecto, el Órgano Ejecutivo no haya tomado acciones para frenar los abusos de la actividad minera.
“Estamos hablando de afectación a la vida, de la contaminación de ríos, estas aguas (del río Beni) sirven para actividades domésticas de consumo humano y animales (…) la contaminación del agua con el mercurio que utilizan para la extracción de oro, hemos denunciado que se ha elevado a niveles de problemas macro, de problema estructural como el contrabando, corrupción, narcotráfico que también está implantado en las áreas protegidas”, enfatizó.
El martes, Marcos Orellana, Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de la ONU, denunció que mujeres en edad fértil de los indígenas Esse Ejja, al norte de La Paz, tienen en su cuerpo niveles “extremadamente altos” de mercurio por el consumo de pescado contaminado por la actividad minera en la zona.