El concebir un “plan negro”, que se estaría urdiendo en la escuela de inteligencia de las Fuerzas Armadas en su contra, y con acciones de desprestigio, sólo puede caber en la mente de un obseso cromático que ve negro todo lo que no le conviene, y blanco, como la Diosa, que le da riqueza y poder.
Semejante ocurrencia no revestiría mayor importancia, ya que en Bolivia lo que NO ocurre es raro, si en su urdimbre no estuviesen involucradas instituciones y actores de importancia en el quehacer nacional, pertenecientes a su propia tolda política, como el Ministro de Gobierno, a quien el denunciante confiesa tenerle miedo; el actual presidente interino del Estado, Andrónico Rodríguez; y algunos asambleístas de su propio partido, como Leonardo Loza y Gualberto Arispe.
En esta suerte de frenética delación, el líder cocalero acusó incluso al exministro Hugo Moldiz, de quien dijo: “Me llama presidente”; al ministro de Defensa, Novillo, por negar la existencia de este “plan negro” y a quien le sugirió investigar este tema, reflexionándolo a “no mentir”; y finalmente, al general de Ejército Zúñiga, de ser cooperadores de esta tramoya. Mostrando una fotografía afirmó: que esta información de sus “andanzas” le llega de parte de militares “patriotas”.
Atribuir la maquinación de este siniestro propósito a colegas del mismo gobierno, del que el denunciante es jefe, constituye una suerte de amenaza histórica que pareciera rezar: “Yo muero, pero a la masa que dejo enriquecida, nadie la podrá salvar”.
A este sórdido cuadro de dimes y diretes, vino a sumarse la emisión de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fijando la responsabilidad del gobierno de Evo Morales en la ejecución de las víctimas del Hotel Las Américas, en Santa Cruz, en 2009, al ordenar ilegalmente dicho operativo, sin pensar en las consecuencias jurídicas y personales que sobrevendrían y mucho menos que éstas llegarían 12 años después de ese horrendo crimen, cuando sea sometido a juicio y el Estado tenga que reparar los daños causados.
El Estado podría actuar de inmediato, porque estamos en etapa de asumir las recomendaciones de la CIDH, que hasta ahora se limitan sólo a eso, salvo que exista “Un pacto de cawalleros” que obligue a no abrir una etapa de conciliación de las partes a sabiendas de cómo nos va en este tipo de conciliaciones y/o arbitrajes, lo cual daría paso a que la Comisión se convierta en una especie de fiscal y acuse al Estado boliviano ante la Corte Penal Internacional de Justicia.
Suponemos que, ni el más avispado Yatiri o clarividente le habría presagiado alguna vez al Jefazo, que su destino lo haría volver a La Haya, ya sea para recuperar ese mar que perdimos, por su exuberante inoperancia, o a responder por el mar de lágrimas que dejó a su paso de gobernante, caracterizado por la Apoteosis de la Estulticia.