Un rechazo unánime de organizaciones periodísticas es la respuesta al pedido del procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, para levantar el secreto de fuente informativa sobre la difusión de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre ejecuciones extrajudiciales en el hotel Las Américas, en abril de 2009.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los principales diarios bolivianos rechazó la cuarta petición conocida en 2022, más aún cuando los requerimientos provienen de jueces, fiscales, y en este caso una autoridad que juró respetar la Constitución Política del Estado (CPE).
En el último mes, el periodista Roberto Puma (Yacuiba), el director del programa Detrás de la Verdad Televisión (DVT), Junior Arias (Santa Cruz), y el director de Culpina Digital (Chuquisaca) Santos Mamani, fueron requeridos para revelar el origen de noticias divulgadas en sus medios y que guardan relación con temas de defensa de la salud pública, denuncias de corrupción y la muerte de un ciudadano en celdas policiales.
La ANP considera que el periodismo tiene el interés de buscar la verdad para preservar el derecho ciudadano de acceso a la información, y que en este caso particular tiene que ver con la administración de justicia.
En opinión de la organización que representa a medios escritos, preocupa que profesionales especializados en el derecho sean los primeros interesados en vulnerar el cuerpo de normas que protegen el trabajo periodístico, cuando por el contrario se espera de ellos una defensa incondicional de la Carta Magna que está plenamente vigente.
El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Raúl Peñaranda, sostuvo que detrás de la solicitud del Procurador General existe la intención de desviar la atención del fondo del asunto, sobre la vulneración de derechos humanos en el “caso terrorismo”.