Parlamentarios cuestionan golpe a la industria nacional

Asambleístas nacionales cuestionaron que el Decreto Supremo 4794, aprobado por el gabinete el pasado 7 de septiembre, en el que se restringe el uso de gas natural al sector industrial nacional, se constituye en una medida de carácter neoliberal que golpea al sector productivo para privilegiar a empresas de otros países.
En criterio del senador Rodrigo Paz, de Comunidad Ciudadana, con esta medida se afectará a las empresas nacionales por priorizar la venta de este recurso a mercados extranjeros, para dejar como única opción el uso de energía eléctrica, a las industrias nacionales
“Lo que la norma pretende es sacar más plata a los de afuera con energía barata, es decir, con la venta de gas natural a la Argentina y Brasil y sacarnos plata a los de adentro, a la industria nacional, con la energía más cara, es decir, con el consumo de energía eléctrica”, sentenció.
Por ello, anunció el envío de una Petición de Informe Escrito al Ministerio de Hidrocarburos, para de esta forma, conocer las razones técnicas y legales del por qué se suprimió el uso complementario del gas natural que utiliza la industria nacional para generar energía eléctrica.
Para Paz, esta norma se traduce en cuatro golpes hacia la industria nacional. Primeramente se afirma que el gas ya no es para los bolivianos sino para la Argentina y Brasil que pagan más por este recurso en comparación con la industria nacional.
Además, cuestiona que la norma sea contraria a la política nacional de sustitución de importaciones promovida por el actual Gobierno, “el gas ayuda abaratar los costos de producción y puedes competir con las importaciones, ahora con esta medida, el costo por el consumo de energía eléctrica se va a incrementar en un 60% y este costo lo va a pagar no solo la industria nacional sino también el consumidor final”, aseguró.
Afirmó que el uso de energías más caras recaerá sobre el consumidor final y tendrá como consecuencia que este consumidor prefiera los productos de contrabando que productos nacionales por el tema de precio.
Finalmente, la medida aprobada por el gabinete responde a un modelo neoliberal, “el Gobierno prefiere priorizar a quien le paga más por la energía barata (gas natural), en este caso, a Argentina y Brasil. En cambio a Bolivia se le vende la energía más cara”, indicó.
Desde la agrupación Creemos, el diputado Walthy Egüez sostuvo que la restricción al uso de gas natural al sector industrial nacional revela que la política de hidrocarburos ha fracasado, puesto que las exportaciones de gas benefician a empresarios extranjeros y fortalecen su competitividad.
Advirtió que se trata de una nueva prueba de que al Gobierno no le importa el ciudadano boliviano, no pone por delante a los empresarios bolivianos, privilegia a los empresarios de otros países, no permite por ejemplo a productores sembrar semilla mejorada, para mejorar la gestión, pero sin embargo compran granos con semilla transgénica para abastecer al mercado nacional. “Son las inconsistencias del Gobierno”, cuestionó Egüez, insistiendo en que la nueva norma revela que se busca afectar y debilitar al empresariado privado nacional.
Al respecto, el diputado Erwin Bazán, advirtió cinismo en la postura del presidente Arce, al haber asistido a la Feria Exposición de Santa Cruz, sabiendo que tenía bajo el brazo un decreto que perjudica a las empresas. “El Gobierno no quiere empresas prósperas, empresas que verdaderamente producen”, afirmó.
El Decreto Supremo 4794 lleva a las empresas a perder alrededor del 60% de competitividad en el mercado global, costo que es transferido al consumidor final en un sistema estatista.
En este contexto, señaló que la política económica del gobierno se resiste a impulsar la economía por la vía de la producción, sino busca generar un mayor estatismo con instituciones como Papelbol, Lacteosbol y otros, que no genera utilidades para el país, sino una carga económica mediante los contratos de suministro con el propio Estado.
Ante este panorama, el senador Paz finalizó asegurando que “estamos raspando lo último que nos queda de la olla con relación al tema del gas”, todo por mantener el gasto corriente, salarios y sueldos, de la administración pública.
Desde el Ejecutivo, el viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, Edgar Caero, afirmó que el cuestionado Decreto Supremo dispone el uso racional del gas natural y no afecta la subvención de este recurso a los industriales. “El sector industrial se beneficia de una tarifa eléctrica subvencionada, inferior a la domiciliaria. También son favorecidos con la subvención estatal en diésel, gasolina y gas para sus procesos industriales”, indicó.