La Constitución Política del Estado establece en el Art. 7: “La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible”. Dando cumplimiento a este artículo, el Soberano exigiendo censo se manifestó en los 9 departamentos, con marchas, paros, cabildos, Asamblea de la Paceñidad, plantones. Finalmente, el valeroso pueblo productivo de Santa Cruz, en un cabildo decidió el Paro Indefinido. Sin embargo, el gobierno masista incumpliendo la Constitución, respondió con violencia utilizando a la policía subordinada, los “movimientos sociales” y los “servidores” del poder público pagados con NUESTRO DINERO, agrediendo con dinamita, piedras, petardos y trataron de frenar la expresión pacífica, con resultado de heridos.
Ante el incumplimiento del gobierno masista de hacer el censo en 2022 que permita nueva asignación de recursos, el cabildo de Santa Cruz da un mandato para respaldar la propuesta de Censo 2023, derogar el DS 4.760. A la reunión del viernes 28 de octubre, el gobierno invitó a los alcaldes, gobernadores y el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, donde con brillante exposición la profesional Jenny Vargas hizo conocer una propuesta técnica. El Alcalde La Paz y el representante de la Asociación de Tarija, plantearon que debía realizarse en 2023. Lamentablemente NO permitieron que participe un técnico de Santa Cruz. Solo escucharon a los alcaldes y gobernadores, que son autoridades eminentemente políticas, con casi nulo conocimiento técnico, por tanto, esa reunión fue política y no técnica como anunciaban. Se aceptó que una comisión del INE incapaz (porque en 10 años no cumplió su deber) ahora se tome la atribución de fijar la fecha del censo.
Bolivia exige que se realice el censo en la primera quincena de 2023 para que los resultados sean presentados en un año a más tardar, tomando en cuenta que la tecnología brinda celeridad y calidad, considerando, además, que no se puede realizar en octubre por las condiciones climatológicas en Beni y Pando, especialmente. Políticamente decidieron el rango de octubre 2023 hasta abril 2024, y que defina una comisión técnica, con aplauso aprobaron.
Al mismo tiempo, el gobierno no es capaz de conciliar el criterio del Soberano, expresado por los Comités Cívicos, Plataformas, Asamblea de la Paceñidad y pueblo. En reunión con sus “movimientos sociales” (dirigentes masistas que reciben prebendas), concertaron el cerco a Santa Cruz, obligándolos a cometer DELITO DE LESA HUMANIDAD, pues echaron tierra en las carreteras de acceso a Santa Cruz, evitando el tránsito de ambulancias, alimentos, cerraron la salida de combustibles de Palmasola, (como gasolina, GLP y diésel). Están realizando el cerco a Cochabamba, haciendo bloqueo de la carretera antigua, en Tiquipaya ingresaron 11 flotas con 1.000 policías hasta el Plan Tres Mil. Mujeres valerosas se echaron al piso para no permitir el ingreso, pero no sirvió. En el 8vo anillo de Santa Cruz, contingentes de policías desbloquearon y NO tocaron el cerco masista, infringiendo el Art. 7 del Estatuto de Roma.
Los productores de leche de Santa Cruz regalan su producto en Portachuelo debido al cerco masista que impide el tránsito en las carreteras. Los chapareños ingresaron por el río Piraí y en camiones sin placa transitan protegidos por los policías para cometer delitos contra el pueblo cruceño, locomotora de Bolivia, que produce más del 70% de los alimentos que consumen las y los bolivianos. Los masistas tomaron la PIL en Santa Cruz, no lo hicieron en Tarija porque los dueños son importantes masistas.
El Estatuto de Roma, del que Bolivia es firmante, en su artículo 7 se refiere a que no exista: b) “la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población». Por tanto, exigimos a Luis Arce cumplir la Constitución, el Estatuto de Roma y la Ley, para dejar de enviar grupos de choque a enfrentarnos entre bolivianos y, peor aún, enviar sicarios que no permiten el ingreso de alimentos y, finalmente, que el censo se realice en el PRIMER semestre de 2023.
La autora es Abogada, Economista, ex Asambleísta Constituyente.