A modo de introducción, considero importante resaltar algunas definiciones; parafraseando a Bautista Saavedra (1921), que por política no se ha entendido otra cosa que «el arte de ganar el poder, de conservarse en él y de aprovecharse del mismo, por todos los medios, cualesquiera que sean» (Dorado, p. 195); y comprendiendo que el objetivo del censo es obtener información estadística sobre la cantidad y las características de la población boliviana, datos que coadyuvará en la planificación y toma de decisiones para la implementación de políticas públicas (INE, 2022).
A partir de ello en las siguientes líneas, se tratará de esbozar los móviles del enfrentamiento político en Bolivia, en la actual coyuntura.
- CENSO 2022
La importancia de que el Gobierno nacional lleve adelante el Censo de población y vivienda es de relevancia en la actual gestión, tal como establece el artículo 7, inciso b) de la Ley 1.405 de Estadísticas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia, que atribuye al Instituto Nacional de Estadística (INE) la realización de los censos oficiales, en el marco de la competencia privativa del nivel central del Estado establecida en el numeral 16 del parágrafo I del artículo 298 de la Constitución Política del Estado. Por otro lado, el período de diez años es una tendencia internacional que viene desde 1950, ya que en esa temporada se realizaron varios censos en América Latina y El Caribe. En Bolivia la realización de los últimos censos de población y vivienda se ha llevado adelante aproximadamente cada diez años (1992, 2001, 2012), este es un período óptimo para medir los cambios en las variables que se investiga. Se debe tomar en cuenta que las variables utilizadas para un censo de estas características son estructurales y también fundamentales, ya que la información obtenida ayudaría en la toma de decisiones de políticas públicas en los diferentes niveles del Estado, la redistribución de los escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional y la redistribución de los recursos económicos de acuerdo con la población censada.
Ahí su importancia de llevarse adelante el Censo en el corto plazo, y es en esa misma línea donde nace el conflicto. Recordemos que el 7 de julio de 2021, el Gobierno decretó la realización del Censo de Población y Vivienda 2022, como “prioridad nacional”, proceso que se realizaría el 16 de noviembre de este año. El conflicto se inició con la aprobación del Decreto Supremo 4.760, que posterga hasta mayo o junio de 2024 el Censo de Población y Vivienda. Esta decisión generó un gran reproche y rechazo por la oposición y más adelante por otros sectores e instituciones. El motivo es que el Consejo Nacional de Autonomías identificó las siguientes dificultades: Covid-19, socialización de la boleta censal, la incorporación de idiomas originarios, la necesidad de tener actualización cartográfica, entre otros.
Por ello las instituciones del Departamento de Santa Cruz se organizaron para defender el Censo y proponer que se lleve adelante en 2023, ya que según estadísticas sería el Departamento que más beneficios obtendría una vez se lleve el mismo, a la par se estuvieron sumando otras instituciones y gobiernos locales, ratificando la necesidad de realizar el Censo en 2023.
- EL PODER DEL GOBIERNO
Por otro lado, se considera que el gobierno en ejercicio, busca estratégicamente llevar adelante el Censo el año 2024, por la siguiente hipótesis: «Si el Censo se desarrolla el 2024, los resultados oficiales se publicarán el 2025, durante esta etapa se llevarían a cabo las elecciones generales, por lo cual no existiría reformas en los escaños por departamentos en la Cámara de Diputados y tampoco la redistribución presupuestaria en los niveles del Estado».
En ese sentido, se puede identificar claramente que el objetivo de fondo por parte del gobierno de turno es mantenerse en el poder en las próximas elecciones, no perder representación Legislativa y de ser necesario utilizar los resultados del Censo, para generar el próximo Plan de Gobierno del Movimiento al Socialismo para las elecciones del 2025; con seguridad que el tiempo afirmará dicha hipótesis.
Entonces el sentido de fondo por parte del gobierno es no perder la hegemonía política y mantenerse en el poder en las próximas elecciones, ya que de llevarse el Censo en 2023 los resultados tendrían que publicarse en 2024, por lo cual, como sucedió previo a las elecciones generales de 2005, se tendría que hacer un reajuste al sistema de representación por población y circunscripción para la Cámara de Diputados. Según algunas proyecciones, en algunos departamentos se perdería y en otros se ganaría escaños de representación respectivamente, hecho que afectaría la estabilidad política en el próximo periodo presidencial y legislativo.
En conclusión, se puede afirmar que estos sucesos y decisiones políticas que son estratégicas, afectan en el corto plazo a la población boliviana, sin ir más allá, los paros y movilizaciones cívicas vigentes, tiene un impacto directo en la economía y fuente de ingresos de la población que vive de las ventas del día, considerando que Bolivia tiene una de las tasas más altas de empleo informal. Por lo cual los intereses por el Censo y el poder, son claramente visibles como instrumentos que están ocasionando enfrentamientos en la población boliviana, no sólo en las calles, si no también ideológicos, sociales y políticos.
Esperemos que, en los próximos días, el gobierno nacional llegue a un consenso con todas las partes, para evitar más adelante una crisis económica, social y política.