Creemos denuncia penalmente a dirigentes del MAS por cerco

La representación legal de los legisladores de la agrupación Creemos, informó que dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) fueron denunciados penalmente por los cargos de terrorismo, genocidio, organización criminal y otros ocasionados por el cerco a la ciudad de Santa Cruz como respuesta al paro indefinido por el censo.
Se informó que la demanda está dirigida contra los dirigentes Edwin Arce, Ponciano Colque Cruz, Franklin Vargas, Felipa Yalilly Montenegro y Rolando Borda, por atentados contra la seguridad común de la población en el Departamento de Santa Cruz, además de vulnerar el derecho ciudadano legítimo de exigir un censo nacional oportuno y trasparente.
“El Ministerio Público tendrá que convocar a estas personas para que digan bajo que contexto que norma que derecho se autoriza a limitar el ejercicio de los derechos de la población cruceña y del país”, puntualizó, Juan Carlos Camacho, representante legal los legisladores.
En declaraciones a medios de prensa, el jurista señaló que los dirigentes sindicados en la demanda afirmaron no permitir el ingreso de alimentos, de oxígeno para uso médico, hecho que implica acciones de lesa humanidad.
La denuncia tiene lugar luego de que, el pasado 26 de octubre, grupos organizados afines al MAS iniciaron un cerco a la ciudad de Santa Cruz, con el fin de asfixiar la economía departamental como mecanismo de extorsión para suspender el paro indefinido, exigiendo la realización del censo nacional en la gestión 2023.
El jurista no descartó que autoridades del Ejecutivo, ente ellas la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, además de parlamentarios del MAS, fueran convocados a declarar como testigos, tomando como elemento legal declaraciones públicas de los sindicados que señalan tener la “venia” de esas cartera de Estado.
“Vamos a ver si el Gobierno mide con la misma vara que se han medido en otros casos como Golpe I o Golpe II, las declaraciones públicas que han hecho funcionarios y determinar de esta manera su responsabilidad”, puntualizó.
En esta línea, señaló que estas medidas extorsivas ponen en riesgo la vida de la población, no sólo en Santa Cruz, sino del país, más allá de afectación a los líderes cívicos y la representación regional.
Al respecto, el diputado Erwin Bazán, aseguró que no se puede comparar un paro cívico efectuado por ciudadanos en demanda de la realización del censo, con la medida de cercar toda una ciudad, puesto que el segundo caso, se cometen acciones criminales, genocidas y de terrorismo contra la población boliviana.
“No es lo mismo un paro cívico que un cerco criminal genocida como el que han montado las organizaciones sociales afines al Movimiento al Socialismo. Hemos presentado en la ciudad de La Paz una denuncia penal contra estos dirigentes”, dijo.
Afirmó que los delitos que sustentan esta querella están vinculados al impedimento del paso para suministros médicos y alimentos que son soportes vitales para la supervivencia de la ciudadanía.