Uno de los problemas más agudos y difíciles del país es la Policía Nacional. Es cierto que no es un problema reciente con sus alcances sociopolíticos, intensificados en los tres últimos quinquenios. La corrupción y los ilícitos operan tanto en el exterior de la institución como en su interior, conviviendo víctimas y victimarios (principalmente por extorsiones). En la sociedad nacional se ha constituido en un peligro. Tanto es así que los ciudadanos se encuentran entre “la cruz y la espada” y no saben si recurrir a su auxilio en caso necesario o, más bien, cuidarse del peligro que pudiesen representar los policías.
Naturalmente, todo este cuadro está bajo beneficio de inventario, por cuanto evidentemente hay correctos y pulcros oficiales en su misión de velar por la seguridad de sus compatriotas. Muchos gobiernos del pasado se han preocupado por corregir el desempeño policial, no siempre acertado, pero hicieron poco o se limitaron a lamentar. En tales circunstancias, los males han crecido y se han multiplicado. En los gobiernos del MAS, la institución policial fue y es objeto de una penetración política sin precedentes, incluyendo la Ley de Carrera de Generales y Ascensos y otras. Esta ley dispone que el Ministro de Gobierno se convierte en el Supremo Comandante General de la Policía, desplazando a los mandos naturales y hasta entonces orgánicos de la Policía Nacional.
Esto parte de adular a la institución, combinado con el temor del gobierno de Luis Arce a que pueda repetirse el inicio del presunto “golpe de Estado” a cargo de los policías. La verdad es que los amotinados se habían cansado de reprimir a la ciudadanía, como lo hicieron durante los 21 días del conflicto de protesta por el “fraude electoral”. Ahora la politización trata de lograr un sometimiento institucional absoluto. Se impone una reforma de fondo que para muchos pasa por empezar de fojas 0, o sea por la extirpación de los mandos y efectivos corruptos. Entre otros aspectos, por una nueva Academia o Universidad Policial. Acabar con el pago de dinero para el ingreso a la formación, que es precisamente el fundamento de toda la cadena delictiva siguiente.
Certificando lo dicho, damos una lista de los delitos incurridos por determinados jefes y demás miembros. Hay efectivos libres y en funciones, inclusive con sentencias ejecutoriadas. Esto significa que los encargados de hacer cumplir los fallos y resoluciones judiciales son los primeros en violarlos. A esto se agregan asesinatos, homicidios, complicidad para ilícitos, extorsión, volteo de narcos, violación, evasión de reos, permisión para ingreso de alcohol, droga y mujeres a las cárceles, incumplimiento de deberes, etc. La totalidad de este paquete delictivo ha sido consignado por la prensa nacional.
La problemática policial y la sociedad
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