Luego de la insurrección ciudadana de octubre-noviembre de 2019, que determinó la renuncia del entonces presidente Morales Ayma y el gobierno transitorio de Añez, asumió la presidencia del Estado, el señor Arce Catacora, después de las elecciones de 2020. Desde el mismo momento de su posesión, esgrimió el discurso sobre que en 2019 hubo un “golpe de Estado”, el cual es de manera permanente repetido por la autoridad y sus correligionarios.
Con el discurso repetitivo del “golpe”, el gobierno presidido por Arce, ha retornado a noviembre de 2019, y se ha distanciado de los millones de bolivianos que salieron a las calles pacíficamente en protesta por los excesos de poder del régimen de los catorce años, el último período inconstitucional e ilegal, pues el pueblo en referéndum se pronunció el 21F negándole al caudillo cocalero la cuarta reelección. Además, con la postura del “golpe” el actual gobierno ha heredado el “desgaste” de los catorce años del gobierno de Morales.
Otra característica del gobierno actual, es que en nada se ha apartado del modelo político de gobierno de Morales Ayma, pues en el aparato administrativo de gobierno, persiste la improvisación y ausencia de profesionalismo de las altas autoridades, que son producto del cuoteo de los cargos y funciones de las organizaciones sociales (hoy ya de sólo dirigentes), con el resultado de deficiente gestión gubernamental. Varios intelectuales de nota, han hecho notar esta deficiencia, como A. Gumucio D., que en una nota periodística de septiembre pasado en un medio colega dijo: “La ignorancia que los caracteriza, da lástima”.
El gabinete de Ministros, demuestra notorias falencias (salvo seguramente algunas excepciones), como el Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, que ha provocado el largo conflicto de los cocaleros de los Yungas. El Ministro de Obras Públicas, dedicado a organizar grupos paramilitares y de choque a los que en persona encabeza, pero que el pasado año apenas ejecutó un 44 % de su presupuesto. El de Economía y Finanzas, que en la reunión que sostuvo con los cooperativistas mineros sobre el asunto de las pensiones, dijo: “vamos a reglamentar el decreto”, es decir, reglamentar el reglamento, pues un decreto (norma adjetiva) es una norma reglamentaria de la ley (norma sustantiva). La Ministra de la Presidencia, en las reuniones con los dirigentes de Santa Cruz, demostró desconocimiento de métodos de resolución de conflictos.
La política de persecución policial-judicial sigue la línea del régimen de los catorce años, con afectación a los Derechos Humanos, por unos operadores de justicia absolutamente al servicio del régimen y no de la ley, como debiera ser, de tal suerte que se ha encarcelado a dirigentes de organizaciones sociales, que en el discurso populista deberían ser el objeto de las políticas del régimen.
Las relaciones gobierno-sociedad civil, están restringidas a las organizaciones que apoyan al esquema de gobierno, el resto de la ciudadanía, está marginado de toda relación y, por el contrario, se mira a los no oficialistas como “golpistas”, de tal suerte que millones de ciudadanos estamos marginados de la actividad pública. Las instituciones públicas y hasta privadas, han extraviado sus finalidades, por la acción política partidista del gobierno.
El país está gravemente dividido y enfrentado, en posiciones que parecen irreconciliables, división que es alentada desde las esferas de gobierno, cuando por mandato constitucional, uno de los deberes del Presidente del Estado, es: “mantener y preservar la unidad del Estado” (Art-. 172, 2), lo que supone la unidad en el Estado.
Las soluciones de los conflictos sociales e institucionales, deben ser encaradas con políticas abiertas al diálogo, la concertación y el entendimiento, y no por la imposición y la violencia, como la vemos cotidianamente, pues la violencia genera más violencia y agranda el descrédito y desgaste del gobierno.
La búsqueda de la paz social, es obligación de todo gobierno, pues un clima de paz, es aliciente para las inversiones externas e internas, para el desarrollo económico y social y el bienestar de todos, pues el gobierno debe gobernar para todos, debe ser el gobierno de todos sin exclusiones, y no solo de los oficialistas y afines, pues la principal finalidad del Estado, es el “bien común”, es decir de todos los habitantes del país.
Con seguridad que hay aciertos en algunas políticas de gobierno, pero es labor de los que hacemos periodismo de opinión, llamar la atención de los gobernantes, sobre errores que pueden ser enmendados, todo en beneficio de la buena gobernanza, como lo hemos hechos en los más de 50 años que opinamos, en los que hemos comentado sobre las políticas de 21 gobiernos.
El primer mandatario (no el primero que manda, sino el que ha recibido un mandato), tiene que ser la expresión de lo que es su país, en un tiempo histórico determinado, pues los actos de gobierno pasan a la historia y ésta es severa en su juicio, ¿o acaso olvidamos a Melgarejo?
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente.