Diputada Álvarez denuncia a justicia secuestrada y selectiva

Luego que la Fiscalía de La Paz aceptó una demanda contra autoridades y líderes cívicos cruceños por la toma y posterior quema de instalaciones sindicales en la ciudad de Santa Cruz, la diputada por Creemos, María René Álvarez, reprochó que en pasados días, esta misma instancia haya desestimado denuncias por terrorismo, genocidio y crimen organizado, presentadas por la oposición.
Denunciando una justicia selectiva y parcializada en favor del partido gobernante, la parlamentaria de oposición condenó la reciente determinación judicial, recordando que la misma instancia que rechazó procesar a los responsables del cerco violento a la ciudad de Santa Cruz, días atrás, ahora haya aceptado denuncias contra líderes cruceños por dirigir la lucha de la población en demanda de censo en 2023.
“La anterior semana en esta misma Fiscalía de La Paz se desestimó la denuncia que presentamos parlamentarios de oposición por delitos de Terrorismo, Genocidio y Crimen Organizado contra dirigentes masistas y ministros de Estado que organizaron la masacre producida en Santa Cruz”, cuestionó Álvarez desde sus redes sociales.
De la misma forma, condenó que esta determinación se haya anunciado a pocas horas del cabildo cruceño, señalando que se trata de una nueva provocación a esta región del país.
Ayer, la Fiscalía departamental de La Paz aceptó la denuncia presentada por representantes de la Central Obrera Regional de El Alto contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, en relación a los hechos de violencia registrados en la capital cruceña a causa del cerco en respuesta al paro indefinido convocado por el comité interinstitucional de este departamento.
Entre los delitos por los que se acusa a los líderes cruceños se encuentra el haber asumido resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentando contra el presidente y otros dignatarios, violencia política contra las mujeres, racismo y discriminación, atentado contra la libertad de trabajo.