La Fiscalía de La Paz rechazó la denuncia interpuesta por el cerco que encerró al departamento de Santa Cruz durante gran parte del paro indefinido exigiendo el censo 2023. No obstante aceptó el proceso contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar.
Cuando se cumplían cuatro días de paro indefinido, un sector de transporte pesado inició un cerco al departamento de Santa Cruz, con montañas de tierra en la doble vía a La Guardia. Los movilizados sostuvieron entonces que no iba a pasar “absolutamente nada” y poco a poco otros sectores se sumaron a la medida en rechazo al paro.
“Quien se encargó del análisis de esta denuncia fue el fiscal Osman Pereira, que es el fiscal que rechaza usualmente los procesos en contra de autoridades, en contra de otros fiscales, en contra de personas que están vinculadas al Gobierno. El día viernes nos hemos anoticiado que ha cumplido con su tarea de desestimar este tipo de denuncias, desestimando la de Creemos indicando que no hay elementos de prueba”, informó el abogado Juan Carlos Camacho a Erbol.
Explicó que la denuncia fue interpuesta en La Paz, ya que el delito de terrorismo tiene un tratamiento diferenciado de los delitos comunes porque con un decreto supremo de Evo Morales definieron que la jurisdicción era la ciudad de La Paz. Además indicó que la jurisprudencia determinó que la Fiscalía no puede rechazar ni desestimar una denuncia por presuntamente no tener pruebas.
Por otro lado, el domingo pasado se conoció que el Ministerio Público aceptó la denuncia presentada por Marcelo Mayta, ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto, contra el gobernador Fernando Camacho, el líder cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, fue admitida.
La denuncia es por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, atentados contra mandatarios y otros. (EL DIARIO y Agencias)