La Constitución Política del Estado establece en el Art. 15 II que “Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”.
La Constitución manda al presidente Luis Arce que administra el Estado, prevenir, eliminar y SANCIONAR la violencia de género, y en particular proteger a las mujeres, que somos generadoras de vida, cuidamos a nuestra familia, hacemos labores del hogar, lo que es agotador. Además, abandonamos a nuestros hijos para salir a la calle y ganar el sustento de nuestra familia, especialmente si somos jefas de hogar, sin tener reconocimiento del Estado. UNA de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género, hasta es asesinada por un familiar. Vemos con impotencia que el presidente NO cumple el mandato constitucional y la violencia se naturaliza.
Según el Comité de Género del Órgano Judicial de Bolivia, son 78 los feminicidios registrados: La Paz 34, Santa Cruz 19, Cochabamba 10, Oruro 3, Tarija 6, Chuquisaca 2, Beni 2, Potosí 2 y Pando 0. Solo 50 casos tienen sentencias emitidas por el delito de feminicidio hasta la fecha: SC 15, LP 8, PT 8, Beni 3, Cbba. 8, Tja 2, Oruro 4, Chuq. 2. Por asfixia 24, arma blanca 18, golpe o trauma 15, intoxicación por sustancias 1, arma de fuego 1, otras causas 3, fueron ejecutadas 21 por concubino, 16 por enamorado,10 ninguna relación, 6 por ex concubino, 6 sin determinar, 7 por esposo, 4 ex enamorado, 3 sobrina, 1 por padrastro.
La Fiscalía General del Estado reportó 37.449 casos de violencia contra mujeres y menores entre enero y septiembre, un 10,1% más que en el mismo periodo de 2021. La cantidad de denuncias supera a las 34.531 registradas en el mismo periodo del año pasado, se debe a que “las víctimas se animan a denunciar”. Casos reportados en los 9 primeros meses del año. La mayoría de las denuncias se refieren a delitos de violencia familiar o doméstica, con 29.371 casos, seguidos por abuso sexual con 2.593, por violación a niños o adolescentes con 2.085, violación con 2.137 y estupro con 1.263. La mayor cantidad de denuncias fue en Santa Cruz con 14.899; La Paz con 9.157; Cochabamba 7.089, Tarija 3.796 y Potosí 2.508.
La ley 348 sanciona el feminicidio con 30 años de prisión, sin derecho a indulto, pena máxima en la legislación boliviana. Lamentablemente, desde hace años que esta norma no se cumple plenamente por falta de presupuesto y jueces especialistas, personal adecuado para atender estos sucesos. El gobierno en julio pasado presentó un proyecto de ley para reformar y “fortalecer” la norma contra la violencia machista, pero tal documento sigue durmiendo en algún escritorio de las y los legisladores.
El feminicidio es parte de los múltiples y complejos hechos de violencia contra las mujeres, y no debe ser entendido solo como un asesinato individual, sino como la expresión máxima de esa violencia. En ese sentido, el sometimiento de los cuerpos de las mujeres y extinción de sus vidas tiene por objetivo mantener el patriarcado, la discriminación y la subordinación de todas.
El feminicidio y la violencia feminicida son asuntos que atraviesan la sociedad, han sido naturalizados y legitimados históricamente, por tanto las mujeres y las niñas están en completa indefensión ante la violencia. Y es que los feminicidas salen de los recintos carcelarios para cometer otros feminicidios.
Exigimos políticas públicas al presidente Luis Arce, especialmente medidas de PREVENCIÓN para las mujeres en edad temprana, que faciliten la sanción social a la violencia contra las mujeres y susciten reflexiones hacia la construcción de relaciones equitativas, en las que ser mujer no implique riesgo para su vida, con la prestación de servicios accesibles a todas las sobrevivientes, así como su acceso a justicia imparcial.
La autora es Abogada – Economista, exasambleísta Constituyente.