El antecedente de incumplimiento e incapacidad de gobernar por parte del Movimiento al Socialismo Unzaguista, se remonta a más de una década atrás, cuando debería cumplir con el mandato de realizar un censo previsto para el año 2011, pero, tal como ocurre hoy, tampoco pudieron realizar su trabajo ese año y recién el 2012 concretaron un censo fallido, es decir, un mal censo del que no pudieron entregar ni siquiera un informe final.
Como quiera que este año debería realizarse otro censo, se sabe que el Gobierno a través de un decreto tenía previsto realizar esta actividad el 17 de noviembre de 2022, sin embargo, a través de otros decretos señala otras fechas diferentes, lo que generó los conflictos ya conocidos. Luego de varias piruetas de reuniones y mesas técnicas para marear la perdiz, el gobierno emite el último decreto N° 4.824 de 14 de noviembre de este año, para el 23 de marzo de 2024, que a solicitud del cabildo de Santa Cruz del 13 de noviembre fue sancionado como ley y promulgada por Luis Arce.
El gobierno, para tapar su incapacidad y falta de voluntad, convoca a diálogos en Cochabamba, luego en Beni, con presencia de gobernadores, alcaldes y otros personeros, disfrazando de supuesta participación y con un carácter dizque técnico.
También es preciso rememorar que Santa Cruz realizó marchas universitarias, cumbres de la Comisión Interinstitucional y dos cabildos para exigir el censo, pero ante la tozudez del Gobierno, ha implementado un paro indefinido que ha durado 36 días, exigiendo el cumplimiento del censo de población y vivienda de manera oportuna.
Un cabildo había determinado implementar como medida un paro indefinido de actividades en Santa Cruz, que comenzó el pasado 22 de octubre de 2022 en demanda de la realización del Censo Nacional, atravesando una serie de tensiones en los distintos puntos de bloqueo.
En los inicios del paro, en Puerto Quijarro, en un enfrentamiento entre los bloqueadores y los que buscaban desbloquear, murió una persona y durante todo el transcurso del conflicto, se atacó y agredió a la población con los grupos de choque resguardados por la policía. Estos grupos de choque del MAS, disfrazados de gremiales, arremetieron en contra de los periodistas el viernes 11 de noviembre en Santa Cruz, con acompañamiento y protección a los vándalos por parte de la policía.
Instrumentalizado subrepticiamente desde los mecanismos del poder central, se ha privado del acceso a la alimentación a sus habitantes, cercando a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, les dejaron sin combustible y gas con el cierre de válvulas. Y como si fuera poco, los grupos de choque del MAS agredieron a periodistas, además de gasificar a una bebé cruceña y los reiterados abusos policiales, tan solo por exigir un derecho y el cumplimiento por parte del gobierno de su obligación de realizar un censo cada diez años.
Por otra parte, en cuanto a la pérdida de unos 800 millones de dólares, ocasionada por el paro de Santa Cruz, tal cifra fue mencionada por el ministro Marcelo Montenegro, mientras transportistas, gremiales y otros sectores citaban cifras millonarias de pérdidas ocasionadas por el paro indefinido. Pero, como mucha otra gente, no se dieron cuenta que todo este conflicto fue por causa de la negligencia e incapacidad de un gobierno que no hizo el censo oportunamente, el 16 de noviembre de 2022.
Como siempre, la persecución política empieza a marchar en contra de este derecho de la ciudadanía que reclama que el gobierno cumpla con su trabajo, es cuando ya se empieza a criminalizar el paro cruceño y se judicializan estas movilizaciones con denuncias contra el gobernador de Santa Cruz, el presidente del Comité Cívico y el Rector de la Universidad cruceña por los conflictos acaecidos en el paro indefinido, junto a las detenciones y el encarcelamiento de varias personas.
Militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) ya interpusieron dos denuncias, además de otra por parte del ejecutivo de la COR El Alto en contra las autoridades cruceñas por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, violencia política contra las mujeres, racismo y discriminación, atentado contra la libertad de trabajo, entre otras acusaciones.
Al respecto, Juan Lanchipa, Fiscal General, en días pasados sostuvo que fueron admitidos tres procesos penales contra el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, el gobernador de la capital cruceña y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno por el paro indefinido pidiendo al gobierno que cumpla su obligación de realizar el censo cada 10 años.
La función de los gobernantes no es hacer lo que les dé la gana y cuando les dé la gana y, lo que es peor, hacer una serie de malabarismos circenses para disimular su incumplimiento e incapacidad. Claro está que el gobierno azul es responsable y culpable de todo lo ocurrido durante los 36 días de paro del pueblo cruceño, provocado por su incapacidad al no hacer un censo oportunamente.
En realidad, los que tienen que responder ante la justicia son los incapaces que incumplen su trabajo por el que el país les paga jugosos sueldos, por no realizar el censo como debiera ser. Y si alguien tiene que responder por los muertos, por las agresiones a los periodistas, por las pérdidas económicas, etc., ese alguien es el gobierno del Movimiento al Socialismo Unzaguista, por su absoluta incapacidad y negligencia al no realizar un censo.
El autor es comunicador social.