Tras el rechazo del pleno de la Cámara de Diputados para aprobar el Presupuesto General del Estado 2023, asambleístas de oposición señalaron que la norma es “autoritaria y centralista” por concentrar el 88% de los recursos en la administración del nivel centra del Estado para continuar solventando empresas públicas deficitarias.
En una sesión que se extendió hasta la madrugada de ayer, esta instancia legislativa, rechazó este proyecto de norma, mismo que solo logró el apoyo de 44 asambleístas, mientras que 68 votaron en contra de su aprobación.
Para el diputado por Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, el fracaso de la norma debe servir para que el oficialismo entienda que la población está cansada de que se destinen sus recursos en sostenimiento de empresas que generan un vacío en la economía nacional, dejando de lado el bienestar de la población.
A criterio del parlamentario paceño, el Gobierno debe considerar seriamente en reinvertir los recursos de los bolivianos en las propias familias y empresas que necesitan una inyección de recursos para lograr generar mejores empleos en el campo de la formalidad.
“Como oposición, no queremos un Presupuesto General del Estado autoritario y centralista que concentra el 88% de recursos en el nivel central, mientras se deja solo el restante 12% para las regiones”, indicó Reyes.
Por ello, cuestionó que gran parte de los recursos a ser administrados por nivel central sean destinados a las operaciones de empresas públicas deficitarias cuya única finalidad es la de emplear a militantes del oficialismo. “Solo sirven para dar empleo a los militantes del Movimiento al Socialismo”, dijo.
Al respecto, la diputada Alejandra Camargo, manifestó que el rechazo de la norma era lo previsible, debido a las características de la misma y la forma en que fue presentada para su análisis, con poco tempo de antelación. “Más que un rechazo del oficialismo u oposición, ha sido un rechazo de los representantes de la población hacia la improvisación, la demagogia y la falta de planificación”, precisó asegurando que una norma de este tipo requiere de un amplio análisis y debate.
A pesar de ello, destacó una evidente devolución de la legitimidad a la Asamblea Legislativa Plurinacional, por lo que saludó la división interna en el MAS, asegurando que producto de estas pugnas se ha logrado retomar el debate y la exposición de propuestas en esta instancia, característica que llama a analizar la coyuntura y dar respuestas a las necesidades urgentes de la población boliviana.
“Existe la necesidad de entender y responder a las necesidades de los bolivianos, esperemos que se cumplan los plazos adecuados para algo tan importante como es el Presupuesto General del Estado”, dijo.
Desde el oficialismo, el diputado Juanito Angulo, llamó a sus colegas parlamentarios a deshacerse de intereses políticos y viabilizar la aprobación de esta norma en beneficio de todos los bolivianos.
“No se debe pensar políticamente, se debe pensar en la gestión. Tiene que haber predisposición pensando en los 11 millones de bolivianos, para que estos recursos se puedan redistribuir mediante programas y proyectos que necesita la población”, manifestó el legislador.
El diputado Reyes adelantó que tras el rechazo de la norma, esta debe ser replanteada en un plazo de 48 horas para su posterior aprobación por dos tercios en la Cámara Baja, de lo contrario, el proyecto de ley en cuestión, parará a ser archivado y el presupuesto que se mantenga en vigencia será el aprobado para la gestión 2022.
Califican PGE 2023 como una ley “autoritaria y centralista”
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