La Constitución Política del Estado, establece en el Artículo 311.I. “Todas las formas de organización económica establecidas en esta Constitución gozarán de igualdad jurídica ante la ley. II. 2. Los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano y serán administrados por el Estado. Se respetará y garantizará la propiedad individual y colectiva sobre la tierra. La agricultura, la ganadería, así como las actividades de caza y pesca que no involucren especies animales protegidas, son actividades que se rigen por lo establecido en la cuarta parte de esta Constitución referida a la estructura y organización económica del Estado”.
De acuerdo con el Artículo 252, “Las Fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o del Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o Ministro de Gobierno”. Lamentablemente, el gobierno de Luis Arce NO cumple el mandato constitucional que lo obliga actuar en defensa de la ciudadanía que detenta propiedad privada para la generación de empleo y alimentos para los animales y, por ende, para la población boliviana, ya que Santa Cruz es generadora de más del 70% de alimentos. Los avasallamientos son a la propiedad privada y, lo que es peor, a las áreas protegidas, donde se encuentran pueblos indígenas, protegidos por la Constitución. Permite los secuestros de trabajadores, el avasallamiento a una Barraca San Miguel en Pando, por interculturales. Produciendo la muerte de un zafrero y varios heridos, destrucción de viviendas y maquinaria, por los delincuentes, a quienes los detienen y con la justicia cooptada por el gobierno los dejan en libertad, a pesar de contar con pruebas contundentes.
Los avasallamientos al Centro Turístico Kim, de Santa Cruz, fueron con maquinaria pesada y machetes en mano, golpearon y secuestraron a sus trabajadores, quienes denunciaron, pero lamentablemente no aprehendieron ni arrestaron y los avasalladores seguían en el predio exigiendo su VENTA a los propietarios. Delincuentes fueron identificados, como Ponciano Quispe y Edwin Vargas, Estos hechos están poniendo en peligro los acuíferos de Santa Cruz. El pueblo de Guarayos, desalojará por la fuerza a los avasalladores ante la ausencia de la policía que no actúa ante estos hechos violentos. En el municipio de Ascensión, en el predio Las Parabas, avasallaron con violencia, hasta ahora no se pronunciaron contra los avasalladores, predio que al dejar de producir, entonces afectará a la seguridad alimentaria del país.
Daño al medio ambiente se dio desde 2016-2021, de acuerdo con el informe de la “Agenda Patriótica 2025, profundizado “el flagelo que se siente imparable sobre los bosques en Bolivia, principalmente en el departamento de Santa Cruz”. El documento se refiere a deforestación, con impactos socioambientales debido a que afectan con mayor fuerza a ecosistemas frágiles, áreas protegidas y hábitats indígenas protegidos por la CPE y la ley. También identifica como actores involucrados en los desmontes (y los incendios forestales), además de las ya conocidas grandes propiedades a las colonias menonitas, a los agropecuarios brasileños, argentinos y a las comunidades campesinas e interculturales políticamente vinculadas al partido en función de gobierno.
El déficit por el cerco y sequia provocará déficit de carne de pollo porque se requiere 22 millones de pollos, por la falta de maíz solo se produce 3 millones para abastecer a nivel nacional. El déficit en 2021 era del 21% y ahora subió a 35%. La falta de maíz se cubre con contrabando que afecta la cadena productiva y los ingresos de divisas.
La “Madre Tierra” sufre agresiones, como las actividades agroextractivas, la expansión de la frontera agrícola, los incendios forestales; la extracción de madera, los desmontes con fines agropecuarios y otros. Bolivia pierde 1,8 millones de Ha. de bosque por DEFORESTACIÓN. Ante esta compleja situación, se debe evaluar la necesidad de prevenir las pérdidas agrícolas del próximo año, en especial a favor de las pequeñas unidades agropecuarias que producen para el autoabastecimiento y mercado interno. Luis Arce debe asumir sus obligaciones y no limitarse a presionar a los gobiernos municipales para el combate contra la sequía.
La autora es Abogada-Economista, exasambleísta Constituyente.