El Silala, ignorado asunto de Derecho

El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), hecho público hace pocos días, es de extrema importancia para el pueblo boliviano y no puede ser juzgado sin la debida serenidad, so pena de cometer errores de consideración. Y en vez de servir de defensa para sus responsables, puede convertirse en un arma contra ellos.
La CIJ es el máximo organismo de justicia mundial y sus fallos son inapelables, de ahí que su cumplimiento es inexorable e irrevisable, aunque algunas veces las partes afectadas decidieron no cumplir las decisiones emitidas. Bolivia ha recurrido varias veces a esa autoridad esperando sus justas resoluciones.
Sin embargo, entretanto, es posible emitir algunos juicios sobre el asunto de las aguas del Silala y nunca mejor que esta oportunidad, al tener conocimiento del fallo de la Corte de La Haya sobre esas aguas, según la demanda que presentó el gobierno de Evo Morales. Tal demanda contiene diversos aspectos contrarios a Bolivia, lo cual se irá revelando a lo largo del tiempo.
En primer lugar, en términos generales, el tema único de la demanda fue si esas aguas eran solo de manantiales o formaban un río. En segundo lugar, la demanda fue presentada solamente desde el estrecho punto de vista técnico (científico), como aseguran medios oficialistas. En efecto, el tema solamente fue planteado en sentido técnico y no de Derecho, lo que hizo que las posibilidades a favor de Bolivia sean escasas o negativas. Planteado el caso en ese sentido, el fallo sería técnico y no de Derecho, punto de vista que adoptó la Corte, obligada a no salir de ese marco.
En todo caso, la tesis física de “río de curso internacional” se impuso y sus efectos serán conocidos segura y sucesivamente por la capacidad de nuestros economistas y expertos. Sin embargo, la forma “científica” aprobada en La Haya no fue oportuna, porque la única fórmula que podía considerar esa Corte era la de derecho. Por otro lado, también el gobierno boliviano planteó el asunto desde el ángulo científico, vale decir, no apropiado para el caso, punto de vista que impuso Chile, al que siguió ciegamente –por falta de criterio– el boliviano que, por su parte, no quiso tomar en cuenta insistentes sugerencias hechas en territorio nacional.
Es más, el gobierno de La Paz al plantear el asunto en esa forma técnica, lo que hizo fue adoptar la táctica chilena inadecuada, olvidando deliberadamente la referencia imprescindible del Derecho, que fue el que debía primar en la demanda en La Haya y que se lo dejó de lado, por influencia de inocentes asesores y burócratas insensibles y satisfechos, que “pisaron el palito” que les tendió Chile. El gobierno, ignorando esos antecedentes, aceptó aplicar el método de presentar tan solo hechos específicos y datos concretos, dejando en el olvido las deducciones lógicas y legales, las únicas verdaderamente convenientes para el caso, porque el Derecho es la expresión concentrada de la economía, como la política es la expresión concentrada del Derecho.
Otro aspecto insoslayable es el desprecio a los expertos nacionales, que hicieron conocer a tiempo los errores de la Cancillería, tampoco fueron consideradas las sugerencias de los medios de comunicación, que tal vez las autoridades no se dan el trabajo de leer y consultar en su caso, lo que hace que corran desbocadamente, con ojos vendados, hacia el abismo.