La presión de la minería ilegal, los avasallamientos y los incendios en las reservas y parques naturales está en aumento, alerta Marco Uzquiano, jefe de Protección de la Reserva Biósfera Biológica del Beni, situación que es premeditada para generar un colapso del sistema nacional de protección de las Áreas Protegidas.
Uzquiano es un defensor social y ambiental, experto en la gestión de las Áreas Protegidas (AP), ha denunciado el ingreso de la minería ilegal en el Parque Nacional Madidi. Es un comprometido con estos espacios naturales y culturales que cada vez están en un mayor riesgo.
Muchas AP tienen una doble categoría, son áreas naturales y también territorios indígenas. Ambos sufren una sistemática presión. Hay una importante sobre posición con espacios de uso territorial por poblaciones locales y pueblos indígenas, esto hace que haya una serie de presiones sobre las áreas protegidas y que éstas se encuentren en un permanente acecho”, comenta Uzquiano en declaraciones a la ANF.
Pero también existe presión externa como la minería o las políticas de Estado en materia de hidrocarburos, actividades que incluso se producen fuera de las AP o en territorios indígenas que ponen en situación de “riesgo y amenaza”, tendencia que pareciera se va “incrementando”.
“Lo último que se debería tocar son las áreas protegidas, pero no como está sucediendo ahora con la minería, la AJAM está cuadriculando absolutamente todo lo que es jurisdicción en áreas protegidas, principalmente en el norte de La Paz: Madidi, Pilón lajas, Apolobamba, Cotapata. Esto parece fuera de control y de sentido”, alerta Uzquiano.
Teme un posible colapso del sistema nacional de las AP, fundamentalmente por todas las acciones en torno a estos espacios, sin que las instituciones estatales llamadas a la protección frenen la arremetida.
El guardaparque va más allá, cree que si no se toman las medidas en el corto o mediano plazo se busca la “desaparición” de las áreas protegidas. “Siento que todo lo que está pasando, quisiera estar equivocado, todo lo que pasa es premeditado para forzar el colapso del sistema nacional de áreas protegidas para forzar el colapso de todo el sistema de protección de estos espacios”.
Lamenta que la Policía ni las Fuerzas Armadas acompañen la lucha y defensa de las áreas que guardan recursos naturales estratégicos, “entonces en el corto plazo, mediano o largo plazo tienden a desaparecer”.
Precisa que la protección de estos espacios no puede quedar en el papel, sino que requiere de condiciones de conservación, porque es evidente que guardaparques sin insumos, sin equipos, con personal limitado o imposibilitado de ejercer sus funciones, no va a poder cumplir este objetivo.
MERCURIO
Para mostrar la dimensión del impacto de la actividad minera, especialmente de explotación de oro, Marco Uzquiano cuenta que, aunque nunca se dedicó a la minería, tras realizarse un estudio del cabello le detectaron que tiene cuatro partes por millón de concentración mercurial, cuando lo “aceptable” es de una parte por millón.
Detalla que la gente puede terminar contaminada de mercurio, por ejemplo, a través del consumo de pescado del río Beni, afectado por la actividad aurífera, producto que es transportado a La Paz, Cochabamba. “Las ciudades no están lejos de estar contaminándose”, sostuvo.
Si bien los pueblos indígenas están más expuestos, como los Esse ejja, o los pobladores de las riberas del río, la gente de las ciudades también puede quedar afectada cuando consume productos que provienen de esta zona, en particular de los ríos contaminados.
Lamentó que no exista un freno a este nivel de afectación de las áreas naturales, en cambio la AJAM siga cuadriculando espacios, es más generando expectativa a quienes solicitan autorización, cuando en realidad esa entidad debería rechazar todas las peticiones para las áreas protegidas de hecho.
“La AJAM, debería verificar el pedido y si cae en un área protegida debería rechazar, pero lo que hace es mandar solicitud de información y da esperanza y expectativa a los sectores mineros”, generando en ese tiempo alianzas y acuerdo con empresarios. La AJAM tiene gran responsabilidad”, afirmó.
La población debe asumir defensa de las áreas protegidas, pero no solo con un “like”.
Uzquiano hizo un llamado a las instituciones del Estado para que ejerzan su rol en el cumplimiento de las leyes en la conservación de los parques naturales, por encima del temor que tienen que evitar generar conflicto con los mineros y cooperativas.
“Se ha dejado de lado el cuidar las AP solo para evitar generarse problemas con los mineros porque este sector moviliza masa y recursos económicos. Quieren cuidar no tener problemas con los mineros, no importa que estén destruyendo áreas”, observó.
También llamó la atención de la sociedad civil que está indiferente ante lo que está sucediendo en los parques y reservas naturales. Recordó que la mayor movilización ciudadana fue por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), pero desde ese tiempo no existe un movimiento en la defensa de estos espacios.
Siente un conformismo en la población “haciendo defensa en las redes sociales. Cuando mucho te ponen un like (me gusta) o compartiendo un problema ambiental o quejarnos en las redes sociales y con eso creemos que ya cumplimos con las áreas protegidas y territorios indígenas”, sostuvo.
Cree que la población no está dimensionando las consecuencias que puede traer si las áreas protegidas desaparecen porque no son espacios donde se conservan las plantas y los animales, sino que son áreas con funciones ambientales para las grandes ciudades para la subsistencia de la gente, por ejemplo, en la generación de agua.
“El Amboró para Santa Cruz en tema de agua. Pilón Lajas igual en tema hídrico para Rurrenabaque, San Borja y Reyes. La población debe empezar a dimensionar las consecuencias”, detalló.
Hace votos para que la defensa sea efectiva y no solo virtual “La sociedad es corresponsable con su indiferencia. Y dejar solos a los pueblos indígenas en su lucha y en este camino o considerar que es suficiente manifestarse por redes sociales”. (Trinidad, ANF)