Cuestionan asignación de gastos para la presidencia en el PGE

Ante el actual tratamiento del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) en instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), parlamentarios de oposición cuestionaron la elevada asignación de recursos que esta norma destina para gastos de la presidencia, reiterando que no se apoyará la presente Ley Financial mientras tenga características centralistas.
En criterio del diputado Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana, es inadmisible que desde el partido oficialista se destaque la eliminación de gastos reservados mientras se continúan gastando elevadas sumas en gastos para la presidencia como el avión presidencial y otras asignaciones.
“Lo que ha hecho perversamente el MAS, se ufanan de haber eliminado los gastos reservados pero ponen en el presupuesto de Presidencia y otros Ministerios, un montón de gastos políticos que la población boliviana simplemente ya no tolera”, indicó el asambleísta de oposición.
Roca rechazó que se insista en destinar excesivos recursos destinados para la atención de las necesidades del presidente y los gastos para la logística en su transporte. “Es un despropósito que el Ministerio de la Presidencia tenga semejante asignación, son 38 millones solo para la gestión del avión presidencial y otros 14 para gastos del presidente”, indicó.
Por ello, aseguro que los motivos principales para rechazar la “Ley Financial” no pasan por detalles superficiales y de forma, sino que la demanda de la ciudadanía son mayores recursos para la atención de las necesidades básicas antes que otras asignaciones que no benefician a la población.
“No queremos que haya tanta plata para Presidencia, Defensa y Gobierno, queremos que haya más plata pasa Salud, Educación, Justicia y Medio Ambiente, eso es lo que queremos. Que no se lo agarren todo en Plaza Murillo”, dijo.
Por su parte, el diputado José Manuel Ormachea, desde sus redes sociales, insistió en que desde la principal fuerza de oposición en el parlamento, se continuará rechazando una ley que no prioriza la atención a las necesidades más urgentes del pueblo.
“No vamos a aceptar un Presupuesto General del Estado donde los gastos personales del Presidente son 5.200 veces más que la partida presupuestaria para la lucha contra la trata y tráfico de personas”, sostuvo el legislador aclarando que no se trata de una exageración.