El pasado 6 de enero de 2023 se firmó el Programa Fiscal Financiero entre las principales autoridades de Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y el Banco Central de Bolivia, donde ratificaron un crecimiento económico (PIB) para esta gestión del 4,86%, una inflación anual del 3,28% y un déficit fiscal del SPNF del 7,49% respecto al PIB, donde la única meta macroeconómica, respecto al PGE 2023, que fue modificada fue de la inflación que tendrá Bolivia este año vigente.
Pero analicemos brevemente cada uno de estos elementos centrales del PFF 2023, comenzando con un Crecimiento Económico muy optimista, considerando que organismos internacionales como el FMI, CEPAL y Banco Mundial no dan una cifra mayor del 3,2% para este año; inclusive los mismos pronosticaron que nuestra economía el pasado 2022 iba a crecer no más del 3,8%, siendo que el gobierno nacional proyecto un 5,1% en el PGE y PFF pasado. Obviamente será muy difícil de llegar a este indicador propuesto por nuestras autoridades, considerando los desajustes importantes que hubo en los presupuestos y gastos públicos a nivel nacional, como consecuencia de la guerra que aún se está dando en Europa, que generaron una desaceleración en el PIB y mayor inflación a nivel mundial; si a esto sumamos los conflictos políticos y sociales que desembocaron en paros y bloqueos en el 2do semestre pasado, hace más complicado llegar a esa meta y estar más bien próximos a los pronósticos internacionales.
Este último escenario aún sigue por la detención del aún Gobernador de Santa Cruz, que originó nuevamente una paralización parcial de las cadenas de producción y comercialización a nivel nacional. Considerando que Santa Cruz es el motor de la economía nacional, sin dudas afectará a nuestro crecimiento económico este 2023. A esto, los factores endógenos, con inestabilidad y expectativas negativas en la economía mundial, sobre todo por la guerra ruso-ucraniana, dan mucha incertidumbre a los mercados internacionales, entre ellos de materias primas y alimentos, lo cual nos puede hacer tambalear ante un cambio importante en los mismos, ya que por ejemplo un 70% de nuestras exportaciones son productos tradicionales, hidrocarburos y minerales.
Finalmente, no hay que olvidar un elemento clave para el crecimiento económico, es la Inversión Pública, que para este 2023 será de $us. 4.006 millones, un 20% menos a lo presupuestado para el 2022; este último, que fue de $us. 5.015 millones, se estima que solo se ejecutó un 40% aproximadamente el año pasado, mientras que, en el 2021, con un monto de $us. 4.011 millones, solo se ejecutó un 65,9% según datos oficiales. Entonces, hubo metas pretenciosas pero una ejecución “real” relativamente baja en los últimos años; entre uno de los factores principales es la falta de liquidez por parte del Estado, sobre todo en ingresos fiscales, burocracia administrativa y una planificación incompleta en los diferentes niveles de gobierno. Por lo tanto, existe menos posibilidades de un mayor crecimiento económico con una menor inversión pública, sobre todo con un modelo en el cual el gasto público es clave para tal cometido y para dinamizar la demanda interna, salvo que la coyuntura haga que nuestros precios de exportación se eleven de manera extraordinaria generando un efecto positivo global.
El Déficit Fiscal, que está muy ligado a lo anterior, está proyectado un 7,49% para este 2023, pero a costa de una reducción del presupuesto en inversión pública, es decir, se tomó la vía más corta pero no la más sensata para reducir el déficit público, gastando menos en inversión; pero el PFF indica “En este sentido, la política fiscal continuará con su rol de promover la inversión pública en los sectores productivos estratégicos a fin de fortalecer la industrialización e impulsar la actividad económica”, pero este objetivo será más difícil de cumplir si es que se destinan menos recursos y además, si es que no se cumplen sus metas de ejecución, tal como está ocurriendo en los últimos años.
En 2021 se tuvo un déficit fiscal de 9,30%, pero también una mejor ejecución, menos del 70%, todo indica que este 2022 pasado, del total presupuestado, no se cumplirá ni con el 60%, lo que con seguridad permitirá estar cerca a la meta del 8,50% del PFF; todo esto demuestra una relación simple, menor gasto público, menos déficit público ¿esta es la receta para reducir el mismo? Lo cierto es que, bajo esta coyuntura, reducir el déficit fiscal es prioritario, pero no la reducción de inversión pública, que más bien es el motor del crecimiento económico, al menos con este actual modelo económico; se sugiere una reajuste presupuestario, que fortalezca más la inversión pública en términos financieros, ya que más allá del riesgo de una baja ejecución, el tiro puede salir por la culata, si existe un contexto endógeno adverso que eleve nuestro gasto público, como por ejemplo por la importación y subvención de carburantes, que en este año pasado, creció en casi 130% en comparación con el 2021.
Respecto a la inflación de 3,28% para este 2023, misma que es menor a la presentada en el PGE, con un 3,57%, al parecer fue, de cierta manera reducida, conociendo los datos oficiales del IPC acumulado del 2022, que llegó a 3,12%; lo cierto, es que el año pasado y este, las proyecciones inflacionarias son más elevadas, eso, considerando que el 2021 fue de 0,90%, obviamente en otro contexto. Ahora hay un proceso inflacionario mundial, que comenzó el 2021 por la pandemia, se desaceleró, pero de nuevo tomo más fuerza con la inestabilidad en los mercados internacionales por el conflicto bélico, lo cual modificó, precios y costos, en todos los niveles, afectando a los salarios, poderes adquisitivos y elevando el coste de vida de la población, sobre todo de la vulnerable en las economías en desarrollo.
Si bien, tenemos una de las tasas de inflación más bajas a nivel internacional, no hay que olvidar que es gracias a un tipo de cambio fijo, subvenciones de alimentos y carburantes, devaluaciones de países vecinos y al contrabando; inclusive hay críticas en la medición de nuestro IPC, pero ese es otro tema. Lo real es que tener una inflación baja, al menos en estadísticas, ya que otra cosa es medir la capacidad de compra de los ingresos de los habitantes, tiene un precio alto; la subvención de carburantes es ahora más cara para el país, no por nada para este año se ha presupuestado Bs. 7.642 millones, esperando que no suba de manera extraordinaria el precio del petróleo.
Lo anterior trae mayores presiones en nuestras RIN, debido a que las mismas están en descenso, no se logra un mecanismo idóneo para que crezcan, si esto le sumamos una mayor salida de divisas por pago de deuda externa y sobre todo por costos mayores en importaciones, la situación se complica. Sumado a esto, el tipo de cambio fijo y la “bolivianización” de nuestra economía también nos protege, pero a la vez nos hace vulnerables en términos macro, sobre todo por la incertidumbre a corto plazo en la economía mundial; lo anteriormente citado, también obliga a una política cambiaria donde no deben faltar divisas para mantener el equilibrio de mercado, pero ahora, es más difícil.
La tarea primordial del gobierno nacional es evitar una devaluación, misma que sería “catastrófica” en una perspectiva de contracción económica e inflación creciente, tanto local como importada; por ende, sin duda mantener el poder adquisitivo del peso boliviano y la estabilidad macroeconómica nacional mediante la aplicación de políticas económicas idóneas y oportunas de acuerdo con el contexto local e internacional, solo así daremos certidumbre a la población.
El autor es Presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija.
Nota: El presente análisis/opinión es de carácter personal.