Tras haber finalizado el plazo otorgado por la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) al Estado boliviano para iniciar acciones contra los responsables por violaciones a derechos humanos en el caso del Hotel las Américas en 2009, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), José Manuel Ormachea, conminó al Ministerio de Justicia y la Procuraduría a responder y entregar información de este caso a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Mediante Petición de Informe Escrito dirigido a la Procuraduría General y al Ministerio de Justicia, Ormachea anunció que se solicitará toda la información relacionada a este caso, y sobre todo, las acciones que se llevan adelante para cumplir con las recomendaciones de la CIDH en relación a procesos.
“Todas las acciones que vayan a tomar para cumplir con lo indicado por la CIDH, no solo para compensar económicamente y con la rehabilitación, sino para que nos respondan si van a abrir efectivamente como Estado boliviano, una investigación penal y acusar formalmente al autor confeso y quien dio la orden”, dijo.
Señaló que la información que se solicita a estas reparticiones de Estado, deben contener todos los datos y aspectos del proceso, es por eso que se la solicita mediante una Petición de Informe, recurso encargado de conminar a autoridades para colaborar con las labores de fiscalización del legislativo.
“Para ayudar al ministro Lima y al procurador Chávez, a que agilicen una respuesta sobre todos los puntos y no solo sobre lo que les conviene, estamos presentando esta petición de informe escrito para conminarlos a dar respuesta y otorgar información al Órgano Legislativo sobre el tema”, afirmó el parlamentario paceño.
Ormachea adelantó que esta medida será la primera de una serie de peticiones activadas desde la Asamblea Legislativa conforme vaya avanzando el caso, por lo que las autoridades referidas no pueden excusarse de brindar la información solicitada.
“No existe motivo legal por el cual no puedan entregarle esta información al Legislativo. La ALP no es la opinión pública ni es la prensa, es el Estado boliviano, por tanto, no existe impedimento legal”, sostuvo recordando que se incurriría en el delito de incumplimiento de deberes en el caso de no atender el requerimiento anunciado.