Después de 17 días de la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el gobierno de Luis Arce no logró sacar del poder a su acérrimo opositor, quien ejerce el cargo desde la cárcel de Chonchocoro (La Paz), y ahora proyecta tres caminos para cumplir con ese objetivo: nuevas elecciones, un recurso de incumplimiento y controlar la Asamblea Legislativa Departamental.
Desde la gobernación de Santa Cruz denuncian un «golpe de Estado» en contra de sus autoridades electas.
El vicegobernador Mario Aguilera anunció que no asumirá el cargo de Camacho porque legalmente no existe una vacancia ni existe una figura legal que establezca la pérdida de mandato de la primera autoridad departamental cruceña por una detención preventiva.
Uno de los ministros de Luis Arce que tomó la batuta para quitar el poder a Camacho es el ministro de Justicia, Iván Lima, quien ayer planteó al menos dos vías para consolidar ese objetivo.
Una acción constitucional de cumplimiento porque Camacho como Aguilera habría dejado sin dirección al departamento de Santa Cruz o nuevas elecciones, aunque después aclaró que esta última opción estaría en manos del Tribunal Supremo Electoral.
«Si el gobernador y el subgobernador le han dejado a Santa Cruz sin dirección, tendrán que haber nuevas elecciones en ese departamento, el Tribunal Supremo Electoral tendrá la palabra y vamos a tener una definición (…). Lo que no vamos a permitir es que el estatuto no se respete», afirmó.
Sin embargo, hay otra vía que el MAS está trabajando. Tomar el control de la bancada indígena de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz para suspender a Camacho.
La bancada indígena es aliada de Creemos, alianza de Luis Fernando Camacho, y tiene cinco asambleístas. Creemos tiene 11 escaños al igual que el MAS.
El jefe de la bancada indígena del Legislativo cruceño, Roberto Urañavi, denunció ayer que hay una presión del MAS desde la aprehensión de Camacho. «A partir de organizaciones paralelas, quieren iniciar una revocatoria de mandato a los representantes de los pueblos indígenas» explicó en rueda de prensa.
«Están preparando otro golpe a la libertad y a la libre determinación. Nosotros no somos políticos», denunció el representante del pueblo indígena guarayo.
La asambleísta Paola Aguirre (Creemos) rechazó las opciones del ministro Lima. «El gobernador está en pleno ejercicio de sus funciones, el afán del MAS al secuestrarlo y confinarlo en Chonchocoro era de generar impedimentos materiales, físicos y evitar que el gobernador siga ejerciendo el cargo pero está demostrado que el gobernador con todas las limitaciones propias de la naturaleza de la situación en la que se encuentra ha venido ejerciendo el cargo y continuará ejerciéndolo no porque lo diga un ministro puesto a dedo sino porque el pueblo cruceño le ha dado con más del 58% de votos esa legitimidad, esa representatividad que por cierto Lima no lo tiene para ejercer como gobernador», reprochó.
La autoridad departamental emitió desde la cárcel resoluciones y un decreto para ratificar a siete secretarios departamentales y designar a uno nuevo.
Aguirre explicó que el funcionario gubernamental no puede invocar respeto al estatuto autonómico de Santa Cruz «está menospreciando el voto popular del pueblo cruceño para desde el nivel central decir cómo se debe proceder en la gobernación cruceña».
«En todo caso que el Gobierno libere a Camacho que es lo que corresponde dentro de este montaje del caso judicial del ‘golpe de Estado’ para que el gobernador Camacho se restituya a Santa Cruz», demandó.
El diputado de la misma fuerza política, WalthyEguez, afirmó que Santa Cruz no permitirá una elección forzada. «Santa Cruz va a defender su voto y la democracia dentro del departamento. El ministro (de Justicia) Iván Lima que se apegue a la Ley, al Estatuto Autonómico y que dejen de seguir provocando al pueblo cruceño (…) no va a permitir que masistas trasnochados delincuentes quieran hacer elecciones forzadas desconociendo el voto soberano del pueblo cruceño», respondió. (Brújula Digital)