Trabajadores de la Caja Petrolera de Salud (CPS) continúan movilizados en demanda de la renuncia o destitución del director ejecutivo de ese ente asegurador debido a una presunta mala gestión y uso de influencias, entre otros aspectos. En tanto que, autoridades señalan que esos movimientos se deben a que estarían dañando intereses personales debido a la investigación y seguimiento a procesos en contra de exautoridades y dirigentes sindicales.
“Lo primordial, es la mala, pésima, gestión del doctor (David) Martínez, está casi dos años en la institución. (Cuando empezó) estábamos esperanzados los trabajadores, porque es parte de la institución, pensamos que pelearía porque sabe los problemas de la institución, pero vimos que no sabe administrar”, señaló el secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos, Paramédicos y de Servicios de la departamental La Paz de la CPS, Richard Mallea.
Detalló que ese ente asegurador tiene un “gran déficit” que se arrastra de administraciones anteriores y que agudizaron con los problemas de la pandemia, sin embargo, el director ejecutivo de la CPS debió elaborar planes estratégicos para contener gastos y generar políticas para captar nuevos ingresos, entre ellos la afiliación de nuevas empresas.
Al respecto, el secretario general del Sindicato Médico y Ramas Afines (Simra) de la CPS, Nelson Mamani, en una anterior entrevista con medios de comunicación, sostuvo que los problemas comenzaron hace 12 años y que con el pasar de los años, el déficit se fue incrementando.
Dijo que, en un principio, el problema fue de Bs 6 millones, luego incrementó a Bs 12 millones, Bs 24 millones, hasta que en diciembre de 2021 llegó a Bs 61 millones.
“En dos años de gestión ha habido una mala gestión económica, con decir que el año pasado no había ibuprofeno, paracetamol”, aseguró en esa oportunidad.
Otro aspecto que mueve a los trabajadores a pedir la renuncia de Martínez, según Mallea, es la poca transparencia con la que se maneja cobros de intereses a préstamos que se hicieron a los empleados de los que se desconoce su destino.
“Nos ha hecho un préstamo a los trabajadores y nos ha cobrado el 10 por ciento de interés, y nos ha cobrado a nivel nacional. Primero qué ha hecho ese dinero, en qué lo ha utilizado. Segundo, no es una entidad de lucro, la seguridad social, y no nos puede cobrar intereses, en ese proceso está todavía este señor”, apuntó el dirigente.
Además, prosiguió, “encubre varias cosas” y lo acusan de uso de influencias, como ejemplo, menciono el caso de una supuesta asesora del director ejecutivo, Vanesa G. a quien el año pasado se la atendió en la CPS previamente derivada de otro centro médico. De acuerdo con la denuncia, esta persona recibió
“La señora tuvo problemas de salud y la transfirieron a órdenes del doctor Martínez a nuestra institución a terapia intensiva, le atendieron, le salvaron la vida, en otras palabras, y prácticamente luego de salir de la institución después de atenderla la catalogaron como riesgo extraordinario, o sea, cuando uno se hace atender por otras patologías que no sean las normales entran como riesgo extraordinario, o sea, el paciente debe cubrir sus gastos entonces hasta ahora la señora debe más de 130 mil bolivianos y no paga, y es asesora del doctor Martínez”, manifestó Mallea.
Otro tema es que la regional La Paz carecería de fondos económicos debido a que la nacional es la que cobra los ingresos de las empresas públicas, “en nuestra institución entran de dos formas los ingresos económicos: prestación de servicios a empresas privadas y las públicas (…) eso asciende casi a 5 millones de bolivianos mes”, cuestionó.
También se cuestionó la contratación de mayor cantidad de efectivos policiales y un edecán para el resguardo de la primera autoridad de la CNS, entre otros aspectos.
Ante estas cuestionantes, el director ejecutivo de la CNS junto con sus representantes legales y el administrador regional, sostuvieron que las observaciones y el pedido de renuncia obedecería a investigaciones sobre procesos que realizan y en las que estarían involucradas exautoridades y dirigentes.
“En estos procesos están inmersas exautoridades y muchos de estos dirigentes sindicales es por eso que se gesta este movimiento para pretender tapar nuevamente la corrupción y llenar la dirección ejecutiva de familiares, gente a fin al sindicato al colegio médico y que todo esto quede en la impunidad”, sostuvo el director nacional jurídico de la CPS, Eddy Bedoya.
Respecto a su contratación, Martínez señaló: “a mí me han invitado a participar del staff de médicos de la caja petrolera, no me han llamado ni me han traído (…) me han invitado a ser partícipe de esta prestigiosa institución (…), quiero aclarar que como autoridad por designación presidencial estoy en este cargo, pero no he venido a quedarme ni tampoco a candidatear como ministro de salud”.
Aseguró que Mallea “recibe millones de la caja petrolera por compra de servicios”, “gana un aproximado a 16 mil bolivianos y tiene solo turnos nocturnos, es un dirigente sindical de más de 30 años”. “Ha sido declarado en comisión sindical por más de 10 años y nunca asistió a su fuente de trabajo (…) además, este dirigente, no tiene, por si acaso, una resolución ministerial que le faculte a seguir dirigiendo dicho sindicato”.
Por otro lado, el doctor Oscar Oliden G., realizo depósitos de dinero de un aproximado a un millón de bolivianos, a un banco privado cuando era administrador regional La Paz a pocos días de que esa entidad financiera entre en quiebra, por lo que esos recursos se perdieron.
Detalló que tiene seis denuncias de mala praxis profesional, “mismas que fueron archivadas y abandonadas aprovechando su condición de dirigente eterno sindical”, tiene proceso coactivo fiscal que le sigue la CPS.
El médico Edgar Villegas, ex Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la CPS contrató a su sobrino como abogado en la ciudad de Sucre, fomentando el nepotismo, pero éste “fue despedido por incompetente”. Además, compró una clínica con sobreprecio de BS 20 millones de bolivianos.
Respecto a los doctores René Porcel y Nelson Mamani, señaló que ambos profesionales reclaman pagos de emergencia que es de Bs 5.000 mensuales, adicionales a sus sueldos “que pretenden se les cancelen vengan o no a trabajar”.
Según Martínez, el haber quitado “estos privilegios ellos buscan desprestigiar a esta MAE (…) pretendiendo con mi salida, se tapen estos hechos de corrupción” sostuvo a tiempo de reiterar que no renunciará al cargo.
Crédito de foto: El Diario