La ONG Amnistía Internacional denunció ayer la imputación de al menos 300 menores de edad en Tailandia por asistir a la ola de protestas contra el Gobierno que tuvo lugar en 2020 y exigir una mayor democracia en el país asiático.
De esta manera alertó de las graves repercusiones que esto puede acarrear para su futuro e indicó que los niños con toda la vida por delante se enfrentan ahora a estas consecuencias por el simple hecho de participar en protestas pacíficas.
En este sentido, Chanatip Tatiyakaroonwong, expertos de la ONG para asuntos tailandeses, aseveró que algunos activistas menores de 18 años se arriesgan a pasar décadas entre barrotes.
Miles de personas participaron en estas marchas en 2020 para exigir la dimisión del primer ministro, el general Prayuth Chan Ocha, y una reforma de la monarquía. Las protestas disminuyeron posteriormente debido a la pandemia de coronavirus y la represión de las autoridades.
Según señaló Amnistía en un informe, decenas de menores fueron imputados por violar la ley de lesa majestad, que puede acarrear penas de hasta 15 años de prisión y que fue utilizada por las autoridades para sofocar protestas y acallar opositores. El menor más joven detenido durante las manifestaciones tenía 11 años.
La ONG expresó su preocupación por la violencia contra los menores en este contexto y lamentó las técnicas de intimidación utilizadas por la Policía, como la presión ejercida sobre los progenitores. Además, advirtió de que muchos de los manifestantes corren el peligro de sufrir abusos. (Europa Press)