El secretario general de la Asociación de Comercializadores de Carne de Pollo de El Alto, Joacil Calamani, señaló que mantienen su pedido de anulación de la Resolución Administrativa 019/2022 y que socializan la normativa para demostrar que no solamente afecta a los trabajadores en carne sino «al bolsillo de la ama de casa y de la población» alteña.
«Lo que queremos hacer conocer a toda la población de El Alto (sobre esa resolución) no es como dice el municipio que afecta solamente a un pequeño sector, en realidad estas resoluciones administrativas afectan a toda la ciudad de El Alto», aseguró el representante.
La Resolución Administrativa 019, según la alcaldía alteña, actualiza las tasas y aranceles municipales y no afecta a gran parte de la población alteña. Sin embargo, Calamani apuntó que solo hay dos casillas en las que se relaciona a los trabajadores en carne, el resto, más de una treintena de puntos, llega a diferentes sectores de la población.
«Una prueba fehaciente» de que sí va afectar a los ciudadanos, dijo es, por ejemplo, que, en la Unidad de Gestión Catastral, una certificación única catastral, a la fecha tiene un precio de Bs 70 ahora, en caso de cumplirse la disposición de nivelación en UFV, costaría Bs 150.
Otra muestra, en la Unidad de Administración Urbana, una vivienda por metro cuadrado paga 0,67 centavos de bolivianos, por lo que, para un lote de 250 metros, el costo era de Bs 167, pero con la modificación llegaría a costar más de Bs 300.
Asimismo, la Dirección Administrativa de la Unidad de Servicios Generales, por inhumación cobra Bs 45, con el cambio será de Bs 97.
«Por eso decimos que no solamente afecta al trabajador en carne afecta a toda la ciudad de El Alto, por eso nosotros no nos vamos a cansar de socializar que estas resoluciones administrativas van a afectar a todos y atentan al bolsillo del ciudadano alteño», manifestó Calamani.
Esa institución presentó diferentes memoriales en los que piden la anulación de la resolución 019. Hace unos días, después de bloqueos y movilizaciones que protagonizaron diferentes sectores que piden la anulación de esa norma, se determinó conformar mesas de trabajo para definir la situación.
«Las reuniones durarán alrededor de 40 días, pero buscaremos todos los mecanismos para demostrar que el municipio está equivocado», aseguró el representante.