La Cámara Nacional de Industrias (CNI) y las Cámaras Departamentales de Industrias de Bolivia expresan su más profunda preocupación por los hechos acaecidos en la cuarta sección de Calamarca de la provincia Aroma entre comunarios y autoridades del sector público, que representa una flagrante vulneración al estado de derecho, la seguridad jurídica y un atentado contra la institucionalidad en el país, tras el acuerdo alcanzado bajo presión de no decomisar autos “chutos”.
“Estos lamentables acontecimientos ratifican que, además, el contrabando están robando el empleo a los bolivianos y los ingresos al Estado, generando condiciones que agravan la desindustrialización en Bolivia”, sostiene la posición de la CNI, a través de un comunicado.
Ante esa situación, la Cámara Nacional de Industrias y las Cámaras Departamentales de Industrias de Bolivia ratifican la necesidad de aplicar de manera coordinada entre el sector público y el privado cuatro medidas urgentes para encarar con mayor fuerza la lucha contra el contrabando.
En ese marco plantea reactivar el Consejo Nacional de Lucha contra el Contrabando presidido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, también modificar la Ley N° 2492 endureciendo las sanciones penales a los contrabandistas; municipalizar la lucha contra el contrabando; y dotar de mayores recursos a las instituciones encargadas de luchar contra este flagelo nacional.
“Finalmente, llamamos al diálogo para trabajar en unidad frente a esta situación que no sólo atenta contra los industriales y las actividades formales, sino que sientan un precedente negativo de vulneración de las leyes y las normas vigentes”, manifiesta
Por otro lado, el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, enfatizó que los comunarios de Calamarca cometieron delitos al forzar a funcionarios aduaneros a firma un acta para no decomisar vehículos, por lo cual se tomará las medidas necesarias para entablar querellas al respecto.
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