Los vocales Claudia Castro y Orlando Rojas, de la Sala Penal Cuarta de La Paz, que fueron recusados por la expresidenta Jeanine Añez, porque favorecieron a militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), ratificaron la detención domiciliaria del dirigente universitario Max Mendoza, a pesar de no haber demostrado trabajo.
El abogado y docente universitario Víctor Hugo Chávez explicó a EL DIARIO que uno de los requisitos para obtener detención domiciliaria es tener trabajo, extremo que Max Mendoza, investigado por hechos de corrupción al asumir un cargo en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), no cumplió, ya que el certificado de trabajo que había presentado fue desestimado por su presunto empleador, el diputado de oposición Ingvar Ellefsen.
“De manera pública el diputado Ingvar Ellefsen ha señalado que el contrato de trabajo no tiene valor, por tanto en el marco del artículo 16 de la Ley General del Trabajo, ha decidido unilateralmente rescindir el contrato laboral y en todo caso, nunca ha tenido efecto porque el mismo día que Max Mendoza estaba saliendo de la cárcel, ya estaba declarando el diputado que no había el trabajo y la UMSA (Universidad Mayor de San Andrés) ha verificado que el lugar es apenas el departamento del diputado y no hay ningún instituto de capacitación”, advirtió.
El jurista precisó que el pedido de Mendoza fue porque supuestamente tenía trabajo, domicilio, además de familia y que por ello se le otorgó detención domiciliaria.
“El juez se inventa, dice que el tiempo de la detención ha vencido (…), en los casos de cumplimiento de plazos opera la detención domiciliaria siempre y cuando la Fiscalía no haya ampliado, y (en este caso) la Fiscalía mucho tiempo antes de culminar el plazo ha ampliado y eso no ha entrado en debate con el juez, y el vocal dijo que ya ha vencido el plazo cuando no se percata que el pedido de Max Mendoza ha sido por otras causales”, manifestó.
MENDOZA
Mendoza, dirigente estudiantil de 52 años, fue enviado con detención preventiva, en mayo de 2022, por seis meses, después de haber sido imputado por un presunto daño económico de Bs 1,8 millones tras percibir un salario mensual por Bs 22 mil desde 2018 en su condición de miembro del presidium que debió llevar adelante el Congreso Universitario en 2019.
Max Mendoza cobró notoriedad en 2018, cuando se encargó de presidir la representación estudiantil en el XIII Congreso Nacional de Universidades de Potosí que se suspendió por la muerte del estudiante de la Universidad Pública de El Alto, Jonathan Quispe, asesinado por impacto de proyectil en las movilizaciones de El Alto en mayo de ese año.
Desde su cargo, Mendoza ostentó poder, pues se relacionó directamente con el Movimiento al Socialismo (MAS), cuyo registro como militante figura además en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para ser miembro de las comisiones de evaluación a los postulantes a las elecciones judiciales y a la designación del Fiscal General del Estado.
Sin embargo, el hecho que lo relaciona directamente con el expresidente Evo Morales en un plano personal se dio en 2020, cuando el periodista español Alejandro Entrambasaguas reveló que Mendoza se comunicó con Noemí M., la entonces pareja del jefe cocalero que se encontraba en Argentina tras su renuncia en noviembre de 2019.
El 9 de abril de 2020 el “estudiante” universitario escribió a la joven: “Buenas noches, compañera. Mi nombre es Max Mendoza. Soy presidente de la CUB. Quiero hablar con el jefe”.
“Buenas noches, compañero. Discúlpame, ya no estoy en Buenos Aires. Comunícate con su secretaria Lourdes”, respondió la joven cuatro días después y Mendoza de inmediato concluyó la comunicación con un “mil gracias”.