La Constitución Política del Estado dispone en el Artículo 130. I. que “Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la Acción de Protección de Privacidad”. El abogado Martín Camacho y el equipo de juristas que defienden al Gobernador de Santa Cruz denunciaron que se encontró una cámara de video oculta en la celda donde se encuentra Fernando Camacho, lo que es violación a sus derechos constitucionales.
El gobernador Camacho, detenido preventivamente en Chonchocoro desde el 30 de diciembre de 2022, acusado por el caso “Golpe I”, informó a sus abogados que encontró una cámara de vigilancia oculta en su celda, marca Dahua HAC-HUM3201B-P. La misma cuenta con tecnología que capta audio y, además, graba imágenes por largos periodos de tiempo, incluso en situaciones adversas, donde la luz es inexistente. Por tal hecho delictivo el equipo de abogados trató de presentar una demanda contra el Director del Centro Penitenciario de Chonchocoro. Es decir, por la cámara escondida en la pared, pero autoridades de la FELCV se negaron a aceptar la demanda, incumpliendo su deber.
Los policías NO cumplieron con su trabajo, a pesar de lo que ordena el Art. 54 Num.1 de la Ley 348, al impedir la denuncia presentada por los abogados de Fátima Jordán, esposa del gobernador de Santa Cruz, en la que manifestaron que el sargento Pérez los amenazó con arrestarlos, si no se retiraban después de tres horas. Y como ocurre con la Policía, los uniformados formalizaron una denuncia penal contra los abogados de la esposa del gobernador Camacho, según informe del Director de la FELCV, Rubén Lobatón.
Solamente cuando el juez ordenó que acepten la demanda, los policías recibieron la denuncia de la esposa del gobernador Camacho, en la que Fátima Jordán, acusó a las autoridades estatales de vulnerar su intimidad por la presencia de “cámara escondida” en la celda donde estuvo junto a su marido, grabando su intimidad como mujer, como pareja y a sus hijos, sufriendo acoso sexual y violencia psicológica, ya que pasó varias noches en la celda de su cónyuge. Su abogado Martin Camacho denunció que policías trataron de sustraer el dispositivo, manifestando que iban otorgar beneficios si no se hacía la denuncia.
Es de conocimiento público que, en los centros penitenciarios de Bolivia, TODOS los días ingresan señoras a pernoctar con sus parejas y no es privilegio que un detenido preventivo reciba a su esposa e hijos y especialmente a sus abogados. Al respecto, el Artículo 73-II establece que “Todas las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse libremente con su defensor, intérprete, familiares y personas allegadas. Se prohíbe la incomunicación. Toda limitación a la comunicación sólo podrá tener lugar en el marco de investigaciones por comisión de delitos, y durará el tiempo máximo de veinticuatro horas”. Lamentablemente, el gobierno del Luis Arce vulnera la Constitución y NO permite que el gobernador Camacho pueda comunicarse con su defensor y sus familiares en el Centro Penitenciario de Chonchocoro. Peor aún, permite que militantes del oficialismo, como los Ponchos Rojos, vayan a las puertas de Chonchocoro a chicotear a MUJERES que fueron de visita, actuando así de manera violenta, amedrentando y evitando el ingreso de otras personas allegadas al privado de libertad.
Por ello exigimos a Luis Arce y a su ministro de Gobierno, Del Castillo, que cumplan y hagan cumplir la Constitución, los Derechos Humanos de los privados de libertad, de sus parejas y sus hijos. Y es que el espionaje que se realiza en los recintos penitenciarios, viola la Constitución en el Art. 15, Parágrafo II, que garantiza una vida libre de violencia a las MUJERES, los Derechos Humanos, así como la Ley 348, los tratados y convenios de Derechos Humanos, reconocidos y firmados por el Estado boliviano.
La autora es Abogada-Economista, ex Asambleísta Constituyente.